El Ministerio Público confirmó que la mujer de 55 años que fue secuestrada y posteriormente liberada en el municipio de Yapacaní es objeto de dos procesos investigativos paralelos: uno en calidad de víctima por el delito de secuestro y otro como denunciada por presunta legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la segunda investigación fue abierta incluso antes del secuestro, tras una denuncia presentada el pasado 26 de enero ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, específicamente en la Unidad de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI).

Según explicó la autoridad, la mujer figura en una denuncia que la vincula, junto a otras personas, con una presunta organización criminal dedicada al tráfico de sustancias controladas. Este proceso fue iniciado a solicitud de unidades especializadas de la Policía Boliviana y actualmente se encuentra en etapa investigativa.

“Existen dos líneas de investigación claramente diferenciadas: una por el secuestro, donde la mujer es víctima, y otra por una denuncia previa relacionada con supuestos delitos vinculados al narcotráfico”, precisó Mariaca, al aclarar que ambos casos se tramitan de manera independiente.

Respecto al secuestro, el fiscal general señaló que se designó a un fiscal especializado y a un investigador policial para esclarecer las circunstancias del hecho, así como identificar a los responsables. Indicó que cualquier antecedente adicional o información relevante sobre los móviles del secuestro será ampliada una vez que se cuente con la declaración formal de la víctima o de sus familiares.

El secuestro ocurrió el domingo 1 de febrero, cuando la mujer fue interceptada por sujetos armados en el municipio de Yapacaní. Tras conocerse el hecho, la Policía y la Fiscalía activaron operativos de búsqueda e investigación. La madrugada de este martes 3 de febrero se confirmó que la víctima fue liberada y retornó a su domicilio.

De acuerdo con la información oficial, la familia de la mujer habría pagado aproximadamente 30.000 dólares a los captores para lograr su liberación. Posteriormente, la víctima fue abandonada en la zona de Campo Víbora, una comunidad ubicada en el mismo municipio.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan tanto para dar con los autores del secuestro como para esclarecer los presuntos vínculos denunciados en el proceso por legitimación de ganancias ilícitas.