El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, sostuvo que la crisis generada en el Ministerio Público demuestra que no basta con reemplazar autoridades y propuso que las asambleas legislativas departamentales participen en la selección de ternas para fiscales departamentales.

La Gobernación de Santa Cruz considera que la actual crisis del sistema judicial debe abrir un debate nacional sobre cambios estructurales en la administración de justicia, más allá del reemplazo de autoridades. El vocero departamental, Rolando Schrupp, planteó que los departamentos tengan participación en la selección de las ternas para la designación de fiscales departamentales.

Según Schrupp, cada Asamblea Legislativa Departamental debería asumir un rol en la conformación y selección de propuestas para ocupar las fiscalías departamentales, como parte de una mayor participación regional en el sistema de justicia.

La propuesta surge en medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público, tras la suspensión y procesamiento del fiscal general Róger Mariaca y la posterior designación de un fiscal general interino. Para la autoridad departamental, estos hechos evidencian la necesidad de discutir modificaciones de fondo al sistema.

Plantean una reforma constitucional

Schrupp señaló que una transformación profunda de la justicia requeriría una reforma constitucional, por lo que planteó recuperar el debate que ya se impulsó en 2023 a través de la iniciativa de los llamados juristas independientes.

El vocero sostuvo que aquella propuesta no prosperó en su momento, pero consideró que la necesidad de revisar el sistema judicial continúa vigente y debería ser analizada mediante criterios técnicos y jurídicos.

“No simplemente cambios superficiales o personas, sino cambios de sistema”, sostuvo Schrupp al defender la posición de la Gobernación.

Libertad y justicia

En sus declaraciones, el representante departamental vinculó la reforma judicial con la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. Afirmó que, desde su perspectiva, un Estado debe asegurar principalmente libertad y justicia a sus ciudadanos.

Schrupp cuestionó el funcionamiento del actual modelo y sostuvo que Bolivia requiere avanzar hacia una estructura institucional que permita fortalecer la administración de justicia y superar las crisis recurrentes en las diferentes instancias del sistema.

La Gobernación plantea que este debate sea abordado de manera integral y no se limite a la designación de nuevas autoridades, sino que incluya una discusión sobre las reglas, mecanismos y estructuras que sostienen el sistema judicial boliviano.