Este viernes, Sucre se convierte en el centro del debate nacional con la instalación del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, un encuentro que busca abrir una nueva etapa en la transformación del sistema de justicia boliviano. Delegaciones de los cuatro órganos del Estado, además de instituciones académicas, civiles y profesionales, asistirán al evento convocado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El presidente Rodrigo Paz Pereira confirmó su presencia y arribará junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Para su llegada, el Órgano Judicial activó un dispositivo especial de seguridad con más de 300 efectivos policiales, según informó el presidente del TSJ, Rómer Saucedo.
Un proceso que arranca con tensiones
Aunque el encuentro pretende concentrar a todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió no participar de manera oficial. Su Sala Plena resolvió abstenerse para evitar interpretaciones de “adelantamiento de criterio”.
Pese a ello, trascendió que los cuatro magistrados electos en diciembre de 2024 asistirán, mientras que los cinco magistrados que prolongaron sus funciones desde 2017 fueron excluidos expresamente.
Saucedo reiteró esa decisión con dureza:
“No están invitados, y si llegan, se les pedirá que se retiren”.
Cuatro ejes para discutir un sistema colapsado
Tras el acto inaugural, las delegaciones trabajarán en mesas temáticas dedicadas a:
- presupuesto del sistema judicial,
- carrera judicial,
- reformas normativas,
- modernización tecnológica.
El TSJ presentará propuestas elaboradas internamente y recibirá planteamientos de instituciones como el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, la Fiscalía General, la Policía, colegios de abogados, universidades y organizaciones civiles.
Del Órgano Electoral se confirmó la presencia de los vocales Gustavo Ávila y Nelly Arista.
Una justicia sin recursos y con carga insostenible
En la víspera, Saucedo volvió a exponer la precariedad del sistema: jueces que atienden hasta cinco materias al mismo tiempo, servicios sin insumos básicos y un presupuesto anual que apenas representa 0,35% del Tesoro General de la Nación.
“Así no se puede dignificar la labor de ningún operador judicial”, afirmó, señalando que el mínimo necesario sería un 5%.
El 70% del funcionamiento del Órgano Judicial proviene de recursos propios, una situación que, según Saucedo, limita cualquier intento serio de modernización. La presencia del cuerpo diplomático apunta a explorar alternativas de cooperación internacional.
Un nuevo intento en un contexto político distinto
Este diálogo es el primero que se impulsa bajo el nuevo gobierno y con un clima político distinto al de las últimas dos décadas. A diferencia de procesos previos —encarados desde el Ejecutivo—, esta vez la iniciativa parte del propio Órgano Judicial.
El encuentro reunirá a más de 500 participantes y se desarrollará en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura. A las 9:00 comenzará una sesión ampliada de Sala Plena y desde las 14:00 se recibirán a los acreditados.
Un desafío de larga data
Diversos organismos han advertido el deterioro del sistema judicial. Informes de Naciones Unidas, denuncias de corrupción, impunidad en casos de violencia y procesos que se extinguen sin sentencia han alimentado la urgencia de una reforma profunda.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé recordó recientemente que los intentos anteriores fracasaron por la falta de acuerdos amplios y sostenidos entre instituciones. Este Diálogo aspira a sentar las bases de ese consenso.
También confirmó su participación el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien anunció que acompañará el proceso.