Ante la falta de avances en la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, el Gobierno resolvió cubrir el vacío institucional con el nombramiento de Sandra Quiroga Solano como contralora general interina.

La medida fue adoptada mediante el Decreto Supremo 5538, firmado por el presidente Rodrigo Paz, que faculta a Quiroga a ejercer funciones de manera provisional hasta que el Legislativo cumpla con el procedimiento establecido en la Constitución para la designación de la autoridad titular. El decreto establece que la interinidad se mantendrá mientras no exista una decisión parlamentaria.

Quiroga, profesional en auditoría y natural de Tarija, desarrolla su carrera dentro de la Contraloría desde hace varios años. En su trayectoria ocupó cargos jerárquicos, entre ellos el de subcontralora, y fue considerada como candidata en el proceso de selección que el Parlamento no logró concluir por falta de acuerdos.

Su formación académica incluye una maestría en Ciencias de la Gerencia Pública, además de especializaciones en evaluación de proyectos de inversión y estudios vinculados a la gestión y organización de la educación superior.

El nombramiento ocurre en un contexto de tensión entre la Contraloría y la Asamblea, donde legisladores cuestionaron la falta de informes técnicos solicitados para esclarecer presuntas irregularidades económicas. Desde el Legislativo, el diputado Manolo Rojas manifestó que el ente de control no proporcionó información detallada sobre posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Hasta este cambio, la Contraloría era dirigida por Nora Herminia Mamani, quien fue designada en 2022 durante el gobierno de Luis Arce, también bajo un escenario de bloqueo legislativo para la conformación de la terna constitucional.

La Constitución Política del Estado dispone que la Asamblea debe conformar una terna tras una convocatoria pública, la cual debe ser remitida al Órgano Ejecutivo para la designación final. Al no cumplirse este mecanismo, el Gobierno recurrió a fallos constitucionales como sustento jurídico para el nombramiento interino.

La designación de Quiroga vuelve a poner en discusión el rol del Parlamento en la elección de autoridades de control y la necesidad de garantizar estabilidad institucional en uno de los órganos clave para la fiscalización de los recursos públicos.