El Gobierno del presidente Rodrigo Paz avanzó este martes en la reestructuración del aparato estatal con la incorporación de las principales unidades del extinto Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia. La medida forma parte de la reingeniería anunciada días atrás por el ministro José Luis Lupo, con la cual esta cartera —la más próxima al Jefe de Estado— se consolida como el nuevo “Centro de Gobierno”.

Entre las instancias transferidas se encuentran los viceministerios de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos; y el de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización. A ellos se suman cuatro entidades descentralizadas: el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepav), la Dirección del Notariado Plurinacional y el Registro Público de la Abogacía.

Lupo explicó que el traspaso tiene carácter transitorio y fue viabilizado mediante un decreto presidencial, dado que varias de estas entidades están protegidas por leyes que solo pueden ser modificadas a través de una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE).

El ministro remarcó que la decisión no busca desmantelar la administración de justicia, sino “devolverle su esencia”: independencia e imparcialidad. “Vamos a desmantelar la maquinaria de la persecución política”, afirmó, al sostener que el objetivo es poner fin al control político del sistema judicial.

Como parte de la reestructuración, el Viceministerio de Defensa del Consumidor pasará al Ministerio de Desarrollo Productivo. Lupo aseguró que el proceso no contempla despidos masivos, aunque sí la eliminación de personal supernumerario sin funciones claras. Garantizó, además, la continuidad del talento humano con experiencia.

Nuevo viceministro y primeras tareas

Tras formalizar los cambios, el presidente Paz posesionó a Yamil García como viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos. En el acto, el mandatario le encomendó liderar el inicio de la transformación judicial. “Murió el Ministerio de Justicia; ahora debemos construir una nueva visión de justicia eficiente para el pueblo”, afirmó.

García adelantó que una de sus primeras acciones será impulsar un Comité Interinstitucional encargado de investigar el desempeño de todas las unidades de transparencia del Estado, incluidos ministerios, empresas públicas y entidades descentralizadas de las gestiones del MAS. “Vamos a pedir informes y resultados: ¿Qué hicieron en 20 años?, ¿qué informes emitieron?, ¿dónde está el dinero de los bolivianos?”, cuestionó.

También señaló que la Dirección del Notariado y el Registro Público de la Abogacía deberían retornar al Órgano Judicial, en el marco de la independencia de poderes, mientras que la continuidad del Sepdep y el Sepav “está garantizada”.

El Ejecutivo designará próximamente a un delegado presidencial para acompañar la reforma judicial desde una posición de coordinación, pero sin interferir en competencias del Órgano Judicial.

Medidas económicas paralelas

En paralelo, el Ministerio de Economía presentó las tres primeras medidas para enfrentar la crisis económica: aceleración de pagos a proveedores, reajuste a la Ley del Presupuesto General del Estado y la abrogación de cuatro impuestos (a las grandes fortunas, al ITF, al juego y a las promociones empresariales). Las decisiones sobre tipo de cambio y subvenciones fueron aplazadas.

El ministro José Gabriel Espinoza anunció también que en los próximos días ingresarán cerca de 550 millones de dólares de una línea de financiamiento de la CAF y que se gestiona un paquete mayor que superaría los 9.000 millones, de los cuales el 30% se recibiría en un plazo de 60 a 90 días.

Espinoza afirmó que la estabilidad cambiaria se fortalecerá en la medida en que el Banco Central recupere reservas y adelantó que se trabaja en decretos para eliminar trabas al sector productivo. Respecto a la subvención a los combustibles, reiteró que cualquier ajuste deberá evitar impactos negativos en las familias de menores ingresos.