PAOLA AGUIRRE EXIGE DEPURAR LA POLICÍA, LA FISCALÍA Y LA JUSTICIA POR EL AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, lanzó una dura advertencia sobre la situación de seguridad en Bolivia y atribuyó la capacidad de operación de las organizaciones criminales a las presuntas redes de corrupción que, según denunció, comprometerían a instituciones responsables de investigar y sancionar estos delitos.

La autoridad planteó una depuración profunda de la Policía, la Fiscalía y el órgano judicial, al considerar que el combate al narcotráfico y al crimen organizado no podrá dar resultados sostenibles mientras existan funcionarios que presuntamente favorezcan a grupos delictivos.

En paralelo, reclamó al Ministerio de Gobierno una mayor asignación de efectivos policiales para Santa Cruz. Aguirre argumentó que el departamento, por su población y actividad económica, requiere una fuerza policial proporcional a sus necesidades de seguridad.

La vicegobernadora recordó que esta demanda ya fue planteada al comandante general de la Policía y al titular de Gobierno. A su juicio, el refuerzo policial es necesario para responder a la actividad de las bandas criminales y recuperar la capacidad de control del Estado.

Aguirre también sostuvo que el dinamismo económico de Santa Cruz puede ser aprovechado por estas redes para captar personas e introducir dinero de origen ilícito en la economía mediante operaciones de lavado de activos.

EXIGE CONTROLES MÁS FIRMES CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Las declaraciones de la autoridad se producen en medio de la preocupación por los hechos de violencia vinculados presuntamente a organizaciones criminales, entre ellos el ataque armado contra un supuesto integrante del Primer Comando da Capital (PCC) en el municipio de Concepción.

Al referirse a este caso, Aguirre relacionó el sicariato con las actividades del narcotráfico y cuestionó la capacidad de las instituciones para frenar el avance de estos grupos.

Si bien expresó su expectativa de que el plan de reforzamiento de fronteras, con personal policial especializado, comience a mostrar resultados, advirtió que las acciones operativas no serán suficientes sin investigaciones contra los posibles vínculos entre funcionarios y estructuras delictivas.

Por ello, pidió revisar el funcionamiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), las fiscalías especializadas y el sistema judicial. También instó al fiscal general del Estado a atender los problemas de seguridad que afectan a Santa Cruz.

PALMASOLA, BAJO CUESTIONAMIENTO

Otro de los puntos centrales de su pronunciamiento fue la situación del penal de Palmasola. Aguirre denunció presuntas irregularidades en el funcionamiento del recinto y cuestionó que algunos internos aparentemente tengan acceso a privilegios, teléfonos celulares y condiciones que, según afirmó, facilitarían la continuidad de actividades ilícitas desde prisión.

La autoridad señaló que existirían operaciones de extorsión y estafa dirigidas desde el interior de la cárcel, por lo que consideró necesario fortalecer la supervisión y los mecanismos de control penitenciario.

Como alternativa, insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor participación departamental en la administración del régimen penitenciario. Sostuvo que la centralización de las decisiones en La Paz puede generar dificultades de coordinación y fiscalización en los centros carcelarios de otros departamentos.

PROPONE UNA REFORMA PENITENCIARIA INTEGRAL

Respecto a la propuesta de construir una nueva cárcel para Santa Cruz, Aguirre remarcó que la solución no debe limitarse a la infraestructura. Afirmó que cualquier nuevo recinto debe estar acompañado de reformas orientadas a prevenir la corrupción, mejorar la vigilancia y evitar que las personas privadas de libertad continúen dirigiendo presuntas actividades criminales.

Sus planteamientos vuelven a poner en debate la respuesta estatal frente al narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad penitenciaria. Las denuncias sobre posibles actos de corrupción y operaciones ilícitas deberán ser verificadas por las instancias competentes, mediante investigaciones que determinen eventuales responsabilidades.