Las máximas autoridades del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia han emitido una contundente exigencia al Presidente Constitucional del Estado, Rodrigo Paz Pereira, solicitando la implementación inmediata y permanente de medidas de seguridad para magistrados, consejeros y sus familias. La solicitud surge a raíz del reciente asesinato de un Magistrado del Tribunal Agroambiental, un hecho que ha puesto en evidencia la crítica vulnerabilidad del sistema judicial.
En un comunicado oficial fechado en Sucre el 4 de mayo de 2026 y recibido en La Paz el 5 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura expresaron su preocupación por el estado de «vulnerabilidad, abandono y desprotección» en el que desempeñan sus funciones. Argumentan que el crimen subraya la necesidad urgente de garantizar la seguridad de los operadores de justicia en condiciones equitativas a las que gozan los Ministros de Estado y otras altas autoridades del Órgano Ejecutivo.
«La presente exigencia institucional emerge de la extrema gravedad que representa el reciente asesinato de un Magistrado del Tribunal Agroambiental, hecho que ha evidenciado de manera alarmante el estado de vulnerabilidad, abandono y desprotección en el que actualmente ejercemos funciones las máximas autoridades del sistema judicial boliviano,» señala el documento.
La institución busca asegurar «todas las medidas de seguridad, protección y resguardo institucional» para quienes imparten justicia en el país, ante un panorama que consideran cada vez más riesgoso para el ejercicio de sus funciones. La misiva subraya la importancia de proteger la independencia judicial y la integridad de sus miembros para el correcto funcionamiento del Estado de derecho en Bolivia.
