SUCRE – En un encuentro estratégico celebrado en la capital del Estado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las máximas instancias del Órgano Judicial suscribieron un acuerdo de 11 puntos orientado a brindar seguridad jurídica y técnica a los próximos comicios departamentales, regionales y municipales del 22 de marzo.
El documento fue ratificado por el TSE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, estableciendo un frente común para garantizar el desarrollo y la finalización efectiva del proceso electoral en curso.
Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es el compromiso de todas las instituciones de respetar el principio de preclusión, mecanismo legal que impide que las etapas electorales ya concluidas se revisen o anulen.
«Las instituciones firmantes se comprometen a garantizar que los derechos políticos y de participación ciudadana sean respetados bajo los principios de legalidad y preclusión, dando certidumbre a los votantes, candidatos y organizaciones políticas», dicta el documento oficial.
Ante la proximidad de los comicios, el acuerdo incluye una exhortación directa a las Asambleas Legislativas Departamentales y a la Cámara de Diputados para concluir, con carácter de urgencia, la selección y elección de vocales electorales en los departamentos de:
• La Paz
• Chuquisaca
• Oruro
• Potosí
La acefalía en estos Tribunales Electorales Departamentales (TED) es vista como un factor que requiere atención inmediata para asegurar la operatividad total del sistema democrático intercultural.
El primer punto del acuerdo manifiesta un compromiso pleno con las obligaciones constitucionales para dar certidumbre al país de cara al domingo 22 de marzo de 2026. Además, se establece una hoja de ruta para la cooperación mutua entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial con el fin de proteger la integridad del voto y los derechos de participación ciudadana durante toda la jornada electoral.
Con este pacto, las instituciones buscan evitar cualquier tipo de interrupción o cuestionamiento jurídico que pudiera poner en riesgo la renovación de las autoridades locales en todo el territorio nacional.