Organizaciones sociales de la ciudad de El Alto se declararon en estado de emergencia y otorgaron un plazo de 24 horas al presidente Rodrigo Paz para que se retracte del anuncio de suspender el subsidio a los combustibles y convoque a una consulta popular. En caso de no recibir una respuesta favorable, anunciaron movilizaciones en las calles.
Los dirigentes señalaron que la medida afectaría de manera directa al bolsillo de las familias más vulnerables, poniendo en riesgo la economía y la alimentación del pueblo alteño. “Este decreto atenta contra quienes ya están sufriendo y sobreviviendo día a día”, afirmaron.
Asimismo, cuestionaron que las decisiones se adopten sin participación ciudadana y acusaron a las autoridades de responder a intereses particulares. “No es el pueblo el que está decidiendo, es el Gobierno el que actúa solo”, manifestaron.
Las organizaciones advirtieron que El Alto, al que calificaron como la vanguardia de la lucha social en Bolivia, no permitirá que se juegue con el hambre de las familias, especialmente en estas fechas de fin de año. “Preferimos movilizarnos en las calles antes que quedarnos en nuestras casas siendo cómplices de una decisión que perjudica al pueblo”, concluyeron.
