Se conoce de una orden de aprehensión que no ha sido activada contra el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito cometidos durante su prolongada gestión al frente de la organización sindical más importante del país.

La decisión judicial se produce tras una investigación preliminar que reveló la existencia de al menos 13 inmuebles, 17 vehículos y otros bienes de alto valor registrados a nombre de Huarachi o de su entorno cercano, cuya procedencia no ha podido ser justificada ante las autoridades competentes. Según el Ministerio Público, estos activos habrían sido adquiridos durante los más de ocho años en los que el dirigente ocupó la máxima dirigencia de la COB, pese a que los estatutos de la organización establecen un mandato de solo dos años.

Durante su gestión, Huarachi mantuvo vínculos estrechos con los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, y habría recibido aportes económicos y beneficios que, según las denuncias, no fueron debidamente registrados ni fiscalizados. Legisladores como Héctor Arce y Freddy López denunciaron públicamente que el exdirigente habría conformado una “organización criminal” dentro de la COB, con el objetivo de beneficiarse política y económicamente, incluso a costa de instituciones como la Caja Nacional de Salud.

El XVIII Congreso Nacional de la COB, celebrado esta semana en Cobija, Pando, marcó el fin oficial del mandato de Huarachi, quien fue abucheado por varios delegados y remitido junto a otros exdirigentes a la comisión disciplinaria del ente matriz de los trabajadores. La medida disciplinaria fue adoptada por unanimidad, en medio de fuertes críticas por su prolongada permanencia en el cargo y la falta de transparencia en su gestión.

El Ministerio Público ha anunciado que se activarán los mecanismos de cooperación interinstitucional para ejecutar la orden de aprehensión y avanzar en el proceso penal correspondiente. Mientras tanto, la COB se encuentra en proceso de renovación de su dirigencia, en un contexto de crisis interna y cuestionamientos sobre su rol en la defensa de los derechos laborales.