La propuesta busca actualizar las reglas para el capital nacional y extranjero, con énfasis en seguridad jurídica, generación de empleo, incorporación tecnológica e industrialización. El Gobierno también plantea incentivos ligados a resultados y mecanismos para resolver controversias entre empresas y el Estado.
El Gobierno prepara el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de un nuevo proyecto de Ley de Inversiones, con el que pretende modificar las condiciones actuales para atraer capitales, facilitar la ejecución de proyectos productivos y generar mayores oportunidades de empleo formal en Bolivia.
El viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, informó que la propuesta será remitida este martes al Legislativo y formará parte del paquete de normas estructurales que el Ejecutivo busca impulsar durante esta gestión.
La iniciativa parte de una premisa: Bolivia necesita actualizar sus condiciones para competir por inversiones en un escenario internacional donde distintos países buscan captar recursos, tecnología y nuevos mercados.
Jáuregui explicó que la normativa vigente tiene más de diez años y que durante ese periodo cambiaron las condiciones económicas de la región y del mundo. Por ello, consideró necesario establecer un nuevo marco que permita a los inversionistas conocer con anticipación las reglas bajo las cuales podrán desarrollar sus proyectos.
SEGURIDAD JURÍDICA COMO UNO DE LOS EJES
Uno de los componentes centrales de la propuesta será la seguridad jurídica para las inversiones.
Según el viceministro, el objetivo no es otorgar beneficios sin condiciones, sino establecer reglas previsibles que permitan a las empresas evaluar proyectos de largo plazo con mayor certidumbre.
La intención también alcanza a los empresarios bolivianos que trasladaron parte de sus capitales a otros países de la región. El Gobierno busca que estos recursos puedan volver a ser destinados a proyectos dentro del territorio nacional.
La nueva normativa pretende, de esta manera, generar condiciones similares para inversionistas nacionales y extranjeros interesados en desarrollar actividades productivas en Bolivia.
MENOS TRÁMITES PARA PONER EN MARCHA PROYECTOS
Otro de los puntos planteados por el Ejecutivo está relacionado con la reducción de los obstáculos administrativos.
La propuesta contempla mecanismos orientados a disminuir trámites, tiempos y costos que actualmente pueden retrasar la ejecución de proyectos.
El Gobierno considera que simplificar estos procedimientos permitiría acelerar la llegada de nuevas inversiones y reducir las barreras que enfrentan las empresas antes de comenzar a operar.
INCENTIVOS VINCULADOS A RESULTADOS
La propuesta también plantea modificar la lógica de los incentivos a la inversión.
De acuerdo con Jáuregui, la intención es aplicar mecanismos que estén relacionados con resultados concretos y verificables, en lugar de otorgar beneficios sin una contraprestación económica o productiva clara.
Entre los objetivos que podrían estar vinculados a estos incentivos se encuentran la creación de empleos formales, incorporación de tecnología, aumento de la productividad y crecimiento de las exportaciones.
La generación de mayores ventas al exterior también es considerada estratégica debido a la necesidad de incrementar el ingreso de divisas para la economía boliviana.
APUESTA POR LA INDUSTRIALIZACIÓN
El Gobierno busca que la nueva normativa no se limite a captar recursos financieros, sino que contribuya a ampliar la capacidad productiva del país.
En ese marco, la inversión privada tendría un papel importante en la construcción de nuevas plantas industriales, la modernización de instalaciones existentes y la incorporación de tecnología.
La expectativa oficial es que estos procesos permitan elevar la productividad y fortalecer las cadenas de producción, conectando a productores primarios, emprendimientos, industrias y empresas vinculadas al abastecimiento y comercialización.
La propuesta también apunta a que una mayor capacidad productiva permita a las empresas bolivianas acceder a mercados internacionales.
CONTROVERSIAS ENTRE EMPRESAS Y EL ESTADO
El proyecto incorpora además disposiciones relacionadas con la solución de posibles conflictos entre inversionistas y el Estado.
La propuesta contempla establecer procedimientos previamente definidos para atender controversias y generar mecanismos que otorguen mayor confianza a las partes.
Entre las alternativas mencionadas se encuentra el arbitraje, aunque bajo procedimientos que sean compatibles con la Constitución Política del Estado.
Para el Ejecutivo, contar con reglas claras para resolver eventuales disputas constituye otro elemento necesario para generar confianza entre quienes evalúan invertir en Bolivia.
EL PROYECTO PASA AHORA AL LEGISLATIVO
Según la explicación del viceministro Jáuregui, el proyecto fue trabajado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y posteriormente socializado con diferentes sectores.
Con su remisión a la Asamblea Legislativa comienza una nueva etapa, en la que la propuesta deberá ser analizada, debatida y eventualmente modificada antes de definir su aprobación.
La nueva Ley de Inversiones se convierte así en una de las primeras normas estructurales que el Gobierno pretende llevar al Legislativo, en busca de modificar las condiciones para la llegada de capitales y fortalecer la producción y la industrialización en Bolivia.