
Durante su audiencia por el caso Fondo Indígena, Luis Arce cuestionó el desarrollo del proceso judicial en su contra y afirmó que su detención preventiva ha superado el plazo inicialmente establecido, situación que —según dijo— vulnera sus derechos fundamentales.
El exmandatario sostuvo que las instancias judiciales no estarían actuando con objetividad ni proporcionalidad en la valoración de su situación jurídica, lo que, a su juicio, afecta el debido proceso.
“No estamos observando que las instancias del órgano judicial administradoras de justicia estén obrando con objetividad, con proporcionalidad, ni con argumentación específica sobre mi situación judicial”, manifestó durante su intervención.
Arce remarcó que no solicita un trato diferenciado, sino la aplicación estricta de la normativa vigente, y aseguró que su detención preventiva ya habría excedido el tiempo fijado inicialmente por la autoridad competente.
“A la fecha ya estoy detenido seis meses exactos, cuando mi detención preventiva era solo de cinco, que ya los cumplí”, afirmó.
Asimismo, el exmandatario señaló que en su caso se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia, al considerar que el proceso parte de una valoración anticipada de culpabilidad.
“Parece que se presume la culpabilidad”, indicó, al advertir además sobre una presunta utilización política del sistema judicial.
Arce también denunció afectaciones a su situación laboral y económica, señalando que no puede ejercer la docencia universitaria y que sus cuentas y bienes se encuentran congelados.
“Soy docente universitario titular desde 1990 y no se me permite ir a trabajar. ¿Con qué creen que me voy a mantener si me han congelado mis cuentas, mis bienes?”, expresó.
Finalmente, pidió a la autoridad judicial considerar sus observaciones y reiteró que el proceso debe desarrollarse bajo criterios de legalidad y objetividad, asegurando que, desde su perspectiva, no se estaría buscando justicia en el caso.







