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“NINGUNA AUTORIDAD DEL GOBIERNO HA PUESTO UN DEDO”: OVIEDO SOBRE LOS DESTINOS POLICIALES

El ministro de Gobierno afirmó que la responsabilidad de distribuir a jefes, oficiales, suboficiales y sargentos en las diferentes unidades y regiones del país fue delegada al Alto Mando de la Policía Boliviana, como parte del proceso de fortalecimiento institucional.

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“NINGUNA AUTORIDAD DEL GOBIERNO HA PUESTO UN DEDO”: OVIEDO SOBRE LOS DESTINOS POLICIALES

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que ninguna autoridad del Ejecutivo interviene en la asignación de destinos del personal de la Policía Boliviana y aseguró que esta atribución corresponde exclusivamente al Alto Mando de la institución del orden.

La autoridad explicó que el Gobierno nacional decidió otorgar a la cúpula policial las facultades necesarias para organizar las designaciones de jefes, oficiales, suboficiales y sargentos, tanto en las unidades especializadas como en las diferentes regiones del territorio nacional.

Oviedo señaló que esta medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la institucionalidad policial y garantizar que las decisiones sobre la distribución del personal respondan a criterios internos de la institución.

“Estamos en una tarea muy difícil, complicada, pero la estamos llevando adelante. Una de ellas es la institucionalidad”, manifestó el ministro al referirse al proceso de asignación de destinos.

Asimismo, rechazó que exista injerencia política en estas determinaciones y sostuvo que ninguna autoridad gubernamental ha intervenido para definir dónde debe prestar servicios un determinado efectivo policial.

“Nadie puede decir que alguna autoridad del Gobierno de Bolivia ha puesto un dedo para enviar un jefe, un oficial, un suboficial, un sargento, para que vaya a un destino determinado”, enfatizó.

El ministro también remarcó que corresponde al Alto Mando policial evaluar y seleccionar al personal que considere más capacitado para asumir funciones en las distintas dependencias y departamentos del país.

Con esta posición, el Gobierno busca marcar una separación entre las decisiones administrativas y operativas de la Policía Boliviana y las atribuciones de las autoridades del Ejecutivo, en el marco de su planteamiento de fortalecer la institucionalidad policial.