El ministro de Justicia denunció este miércoles que enfrenta “presiones indebidas” para presentar su renuncia, basadas —según afirmó— en una sentencia penal que considera inválida por haberse dictado en un “proceso político marcado por irregularidades, coerción y vulneración de derechos fundamentales”. La autoridad aseguró que ese fallo fue emitido después de que, en 2015, sufriera “secuestro y tortura”, y remarcó que nunca recibió una notificación formal sobre la resolución.

En un comunicado dirigido a la opinión pública y a las autoridades competentes, el Ministro sostuvo que la sentencia —que lo condenó a tres años de prisión con suspensión condicional— fue el resultado de un proceso “ilegal, sin garantías y profundamente viciado”, por lo que no puede ser utilizado para cuestionar su ejercicio en el cargo.

Recordó que el Artículo 234, numeral 4, de la Constitución señala que solo una sentencia ejecutoriada y pendiente de cumplimiento puede impedir el acceso o permanencia en funciones públicas. “Pretenden aplicar una sentencia nula para restringir mis derechos ciudadanos”, afirmó.

También citó el Artículo 441, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal, que permite solicitar la cancelación de antecedentes después de ocho años de una sentencia con suspensión condicional de la pena. En su caso —subrayó— ya transcurrió más de una década, lo que refuerza su derecho a ejercer funciones sin limitaciones.

El Ministro anunció que presentará un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, con el objetivo de que se evalúen nuevamente las condiciones en las que fue procesado y se restablezcan —según indicó— sus derechos vulnerados.

“Rechazo categóricamente cualquier intento de apartarme del cargo usando un proceso político y una sentencia dictada sin respeto al debido proceso”, manifestó. Finalmente, sostuvo que continuará desempeñando sus funciones y defendiendo la institucionalidad, afirmando que no permitirá que la justicia sea empleada como herramienta de persecución.