El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que la protesta continúa siendo un derecho, pero advirtió que durante la vigencia de la medida no se permitirá el cierre de carreteras ni la afectación de infraestructura crítica.

El Gobierno justificó este martes el despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en Yapacaní ante la amenaza de un bloqueo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, convocado por productores e interculturales en rechazo al Decreto Supremo 5676.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que la medida busca garantizar la circulación vehicular y prevenir posibles enfrentamientos, sin restringir el derecho de la población a expresar su desacuerdo.

“En Bolivia se puede marchar, protestar, reunirse y expresar desacuerdo”, sostuvo Justiniano. Sin embargo, remarcó que mientras permanezca vigente el estado de excepción no está permitido bloquear carreteras, impedir el libre tránsito o afectar infraestructura considerada crítica.

El despliegue de efectivos fue dispuesto de manera preventiva, según explicó la autoridad, ante el anuncio de movilizaciones en Yapacaní. La misión asignada a las fuerzas de seguridad es apoyar a la Policía en la preservación del orden público y la protección de rutas e instalaciones estratégicas.

El estado de excepción fue declarado mediante el Decreto Supremo 5636, del 20 de junio de 2026, por un periodo de 90 días y bajo el argumento de una situación de conmoción interna. Posteriormente, la medida recibió la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Justiniano recordó que esta figura constitucional no implica la suspensión general de los derechos fundamentales. Explicó que las acciones de las fuerzas de seguridad deben mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la normativa que regula los estados de excepción.

En ese marco, señaló que la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía debe ser temporal y proporcional, además de estar circunscrita a las zonas donde exista una situación que requiera su participación.

Mientras se prepara el operativo de seguridad, el Ejecutivo también intenta evitar que el conflicto por el precio y abastecimiento del diésel derive en medidas de presión.

El ministro aseguró que el Gobierno mantiene abiertas las conversaciones con los productores y que se analizan modificaciones y medidas destinadas a mejorar la provisión de combustible, especialmente para los pequeños productores.

“Protestar es un derecho. Sentarse a negociar es el camino. Perjudicar a millones de bolivianos cerrando las carreteras no lo es”, afirmó Justiniano.

La situación en Yapacaní se mantiene bajo vigilancia mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno y los sectores productivos. El Ejecutivo busca alcanzar un acuerdo que permita desactivar la convocatoria al bloqueo y mantener expedita la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba.