La Fiscalía Departamental del Beni, en coordinación con autoridades locales y organizaciones ambientales, ejecuta operativos destinados a combatir la minería ilegal, proteger el medio ambiente y resguardar los derechos de las comunidades indígenas en los municipios de Riberalta y Rurrenabaque, informó el Fiscal Departamental, Alexander Mendoza Santeyana.
En una primera acción, los fiscales participaron en una inspección ambiental institucional en los sectores Genechequoa y Miraflores, a lo largo del río Madre de Dios, entre Beni y Pando. La actividad, organizada por el Tribunal Agroambiental, buscó determinar si las operaciones mineras representan un riesgo para la biodiversidad, los recursos hídricos y la salud de las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II).
Durante la inspección, los fiscales Windsor Hernán Ortiz y Stevens Andrei Heredia Durán realizaron un recorrido técnico para levantar información ambiental y registrar posibles afectaciones a los recursos naturales. La actividad contó con la participación de la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas, efectivos de la Policía Boliviana, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y representantes de organizaciones ambientales.
Paralelamente, en la comunidad de Puerto Yumani, ubicada a 18 kilómetros de Rurrenabaque, se realizó un operativo conjunto entre la Fiscalía de Rurrenabaque, la Capitanía de Puerto Mayor “Río Beni”, la Policía Boliviana, autoridades comunales y la ONG Wildlife Conservation Society (WCS). Durante la intervención se detectaron tres artefactos navales rústicos y un campamento improvisado utilizados para la explotación ilegal de oro aluvial.
Mediante drones se localizaron estructuras de madera ocultas entre la vegetación, motobombas, tolvas, mangueras y otros implementos empleados en la actividad ilícita. Las estructuras fueron destruidas y los equipos secuestrados, quedando bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para su investigación.
“El Ministerio Público, siguiendo las directrices del Fiscal General del Estado, participa activamente en acciones de control y verificación que permitan frenar la minería ilegal, resguardar el medio ambiente y proteger los derechos de las comunidades indígenas”, afirmó Mendoza.
Estas acciones forman parte de un plan integral de fiscalización y control ambiental, que busca prevenir daños a la biodiversidad y garantizar la protección de los recursos naturales y de las comunidades afectadas por la minería ilegal en la región.