El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a una solicitud de medidas cautelares presentada contra la Ley 1670, norma que dispone el diferimiento automático del pago de créditos de vivienda social y de micro y pequeñas empresas.

El ministro Gabriel Espinoza explicó que varios gremios de entidades financieras impugnaron el proceso legislativo que dio lugar a la aprobación de la norma. Señalan que, pese a que el Senado introdujo modificaciones al proyecto inicialmente aprobado por Diputados, este no fue devuelto a la Cámara de origen, sino remitido directamente al pleno de la Asamblea Legislativa para su sanción con el texto original de Diputados.

“Tenemos conocimiento de que se han presentado medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional por parte de entidades financieras, debido al procedimiento irregular seguido para la aprobación de esta ley”, afirmó Espinoza.

La Ley 1670 fue sancionada el 31 de octubre en la Asamblea Legislativa y promulgada el 5 de noviembre por el entonces presidente Luis Arce.

Diferimiento automático

La norma obliga a las entidades financieras a diferir durante seis meses el pago de cuotas correspondientes a créditos de vivienda social y créditos destinados a micro y pequeñas unidades productivas. El diferimiento incluye capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.

Según proyecciones oficiales, el beneficio alcanzaría a 1,4 millones de prestatarios: 100.071 con créditos de vivienda social, 1.319.991 con microcréditos y 12.960 con créditos para unidades pequeñas.

El 6 de noviembre, el gabinete del expresidente Arce aprobó el Decreto Supremo 5484, que reglamenta la aplicación de la Ley 1670. Este instructivo ordena a la ASFI y la APS emitir disposiciones complementarias en un plazo de cinco días hábiles.

Medidas paralizadas

Pese a la reglamentación, ninguna entidad financiera aplicó el diferimiento debido a la presentación del recurso constitucional.

El ministro Espinoza señaló que, mientras el TCP evalúa las medidas cautelares, el Gobierno debe esperar el pronunciamiento judicial. “Habrá que ver qué dice la justicia. Nosotros nos vamos a ajustar a lo que determine el Tribunal sobre el procedimiento y si la acción resulta procedente o no”, agregó.

Con ello, la implementación de la Ley 1670 queda temporalmente paralizada hasta que el TCP emita una decisión.