Lidia Patty, exdiputada, aseguró que se defenderá tras conocerse la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía, en el marco de una investigación por un presunto perjuicio económico al Estado vinculado a ocho proyectos del Fondo Indígena.

La exlegisladora negó cualquier intención de huir del país y afirmó que se considera “víctima del Fondo Indígena”. Señaló que no podía dar mayores detalles por encontrarse ocupada en otros asuntos.

Este caso devuelve a Patty al ojo público, después de su participación en el caso Golpe I, donde denunció a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador Luis Fernando Camacho por los acontecimientos políticos de 2019.

El fiscal Miguel Cardozo explicó que la orden de aprehensión 226 se emitió tras reunir elementos que podrían vincular a Patty con los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La Policía será la encargada de hacer efectiva la orden, y luego la exdiputada deberá presentarse ante el Ministerio Público para definir su situación judicial.

La investigación se centra en ocho proyectos que, según Cardozo, avanzaron apenas un 50% a pesar de que habían recibido el 80% de los fondos asignados. Parte de ese dinero, afirmó, habría beneficiado directamente a Patty, documentación que fue hallada en un allanamiento a las oficinas del Fondo Indígena en La Paz.

El abogado Jorge Valda recordó que la denuncia inicial fue presentada por Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo fallecido en 2022. Destacó que el caso también involucra a la exministra Nemesia Achacollo y que el daño económico sobrepasaría el millón de bolivianos. Para Valda, el perjuicio real recae sobre las ocho comunidades indígenas que no recibieron los recursos comprometidos.

Valda aseguró que el Fondo Indígena operó como “la caja chica del Movimiento Al Socialismo”, señalando que se habrían financiado campañas políticas y pagos a movilizados. A su juicio, la investigación debería ampliarse a otras instituciones que, según él, habrían sido utilizadas para el manejo irregular de recursos públicos.

FUENTE: EL DEBER