El Gobierno promulgó la Ley 1709, que establece la obligación de permanecer en territorio nacional durante seis meses a las exautoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo y de los niveles regionales y municipales, tras culminar sus mandatos. La norma modifica la Ley 1352, que anteriormente fijaba este plazo en tres meses.

Según la ley, las exautoridades nacionales que finalizaron su gestión el 7 de noviembre de 2025 —incluyendo presidente, vicepresidente, ministros de Estado y asambleístas— no podrán salir del país hasta mayo de este año. Por su parte, las futuras exautoridades regionales y municipales, que concluirán sus funciones en mayo, deberán permanecer en Bolivia hasta noviembre. En total, más de cinco mil funcionarios se verán afectados por esta disposición.

El artículo 2 de la Ley 1709 señala que la medida aplica a: gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y a las máximas autoridades de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. La finalidad, según el texto, es garantizar la transparencia y permitir que las autoridades entrantes reciban los informes necesarios.

El cálculo de los más de cinco mil funcionarios incluye a las autoridades centrales, sumando alrededor de 400 personas: 350 asambleístas titulares y suplentes, expresidente, exvicepresidente, 17 ministros y responsables de empresas estatales y entidades públicas con manejo de recursos fiscales. Estas personas estarán “arraigadas” hasta el 8 de mayo.

A este grupo se suman 4.962 autoridades de las entidades territoriales autónomas —gobernaciones, asambleas departamentales, municipios y concejales— que deberán permanecer en Bolivia hasta el 3 de noviembre.

La Ley 1709 se promulgó en medio de investigaciones fiscales por presuntos casos de corrupción durante la gestión del gobierno de Luis Arce, pero se aplica de manera general a todas las fuerzas políticas que administran el Estado.

Mientras algunos parlamentarios, como Manolo Rojas (PDC), consideran razonable el plazo de seis meses para garantizar la claridad de cuentas, otros critican la norma por considerarla “draconiana” y por vulnerar derechos humanos y la presunción de inocencia. La diputada Cecilia Requena (Unidad) cuestionó que incluso concejales o legisladores sin manejo de recursos públicos podrían verse impedidos de viajar al extranjero, poniendo en riesgo situaciones de salud u otras emergencias.