La Fiscalía de Beni presentó este jueves la acusación formal contra el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y un grupo de presuntos cómplices, entre ellos exfuncionarios de Migración y de la Policía Boliviana, por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes. Con esta acción, el caso pasa a la fase de juicio oral ante la justicia en Trinidad.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que el Ministerio Público solicitará la pena máxima de ocho años de prisión para Marset, sustentada en la evidencia documental obtenida durante la investigación. “En el caso de los funcionarios, ellos incurrieron en incumplimiento de deberes, además de participar en los delitos vinculados a la falsedad documental”, precisó Mendoza.

El caso se originó tras la fuga de Marset en Bolivia el 29 de julio de 2023, episodio en el que el propio imputado afirmó haber eludido un operativo en Santa Cruz gracias a la advertencia de un jefe policial. A raíz de ello, se iniciaron múltiples investigaciones por narcotráfico y por la utilización de identidades falsas dentro del país.

Según las pesquisas, el uruguayo habría ingresado a Bolivia con carnés otorgados por funcionarios nacionales y utilizó al menos 10 identidades falsas durante su permanencia en el país. Entre ellas, se identificó que en 2019 obtuvo una cédula boliviana bajo el nombre de Gabriel De Souza Beumer, la cual le permitió viajar al menos tres veces a Paraguay sin ser registrado en el sistema biométrico.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que este esquema irregular evidencia la existencia de una red de protección que pudo involucrar a policías y autoridades, hecho que derivó en nuevas investigaciones aún en curso. Entre los antecedentes más relevantes, en octubre de 2023 la exdirectora del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Patricia Hermosa, destituyó a cuatro funcionarios en Santa Cruz por emitir identidades falsas utilizadas por Marset.

El proceso judicial en Beni representa un nuevo frente que podría revelar el alcance de la red que permitió al narcotraficante operar en Bolivia con múltiples identidades. La justicia definirá próximamente la fecha y hora del juicio público, oral y contradictorio.