La posibilidad de abrogar la Ley 1720 comenzó a tomar fuerza dentro de la Asamblea Legislativa tras las declaraciones de la jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, quien atribuyó la crisis en torno a la norma a la falta de información y socialización.

La legisladora sostuvo que existe confusión respecto al contenido y alcance de la ley, incluso entre algunos parlamentarios y dirigentes sociales, situación que habría generado rechazo y cuestionamientos públicos.

Miranda aseguró que la norma estaba enfocada en beneficiar a pequeños y medianos propietarios; sin embargo, reconoció que el escenario actual obliga a reconsiderar su continuidad.

“Vamos a tener que retroceder por la salud de nuestra democracia”, afirmó, al señalar que la presión social y la polémica en torno a la ley hacen necesaria su posible abrogación.

La diputada lamentó que la discusión sobre la norma se haya desarrollado en medio de versiones contradictorias y observó que no existió una explicación clara hacia la ciudadanía antes de su tratamiento legislativo.