El fiscal general del Estado afirmó que no permitirá que la medida estadounidense afecte su labor y denunció presuntas presiones políticas relacionadas con las investigaciones del caso Fernando Cerimedo.


El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, respondió a las restricciones de ingreso anunciadas por Estados Unidos y aseguró que continuará con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, pese a las acusaciones formuladas en su contra por el Gobierno estadounidense.


Mariaca sostuvo que la decisión de Washington no modificará su actuación al frente de la Fiscalía y afirmó que tampoco permitirá que las acusaciones alcancen a su familia. “No voy a permitir que manchen a mi familia ni mi carrera”, manifestó.


Durante su pronunciamiento, el fiscal general señaló además que existirían presiones políticas relacionadas con las investigaciones del caso Fernando Cerimedo. En ese contexto, aseguró que el Ministerio Público debe actuar con independencia y que la población tiene derecho a conocer los resultados de las investigaciones.


“No estoy para agradar a políticos”, afirmó Mariaca, al remarcar que continuará con los procesos que se encuentran bajo responsabilidad de la Fiscalía.


Respecto a la determinación estadounidense, el fiscal general dijo respetar la decisión adoptada por Washington, pero pidió el mismo respeto hacia Bolivia y sus instituciones. “Respeto la decisión de Estados Unidos, exijo respeto a Bolivia”, expresó.


La posición de Mariaca se conoce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de ingreso en su contra y señalara que habría solicitado y aceptado sobornos vinculados con actividades de narcotráfico y con la protección de personas involucradas en hechos criminales. Esos señalamientos corresponden al Gobierno estadounidense y no constituyen, por sí mismos, una condena penal.


Ante esta situación, Mariaca ratificó su decisión de continuar con las investigaciones y sostuvo: “No retrocederé ni un centímetro en las investigaciones”.


El fiscal general también afirmó que, si defender la independencia del Ministerio Público implica enfrentar represalias, está dispuesto a asumirlas.

Sus declaraciones plantean un nuevo escenario de tensión entre las acusaciones formuladas desde Estados Unidos y la posición de la máxima autoridad del Ministerio Público boliviano, quien niega que estas medidas vayan a condicionar su trabajo.