La decisión del Juzgado Anticorrupción Cuarto de El Alto de liberar al general Franco Orlando Suárez Gonzales y al teniente coronel Miguel Santiesteban ha reactivado el debate político en torno al caso Senkata, uno de los episodios más sensibles del conflicto poselectoral de 2019. Ambos militares estaban detenidos preventivamente desde octubre de 2022, acusados de participar en los operativos que dejaron al menos una decena de civiles muertos en El Alto.
La medida fue recibida con alivio por sus familiares y con satisfacción por la defensa, que desde el inicio ha sostenido que los oficiales no tuvieron responsabilidad directa en los hechos. “Nunca estuvieron presentes en la zona durante los enfrentamientos”, afirmó el abogado Luis Guillén, quien también representa a la expresidenta Jeanine Áñez, otra de las principales acusadas en el proceso.
El gobierno ha sostenido, desde el inicio, que lo ocurrido en noviembre de 2019 constituye una “masacre” y ha respaldado los procesos judiciales impulsados por las víctimas y organismos de derechos humanos.
