El jefe adjunto de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE), Alexander Gray, aseguró su confianza en el proceso electoral del 17 de agosto y rechazó las denuncias de un supuesto fraude. Según Gray, todos los actores que participaron en la primera vuelta aceptaron los resultados de las urnas, y cualquier irregularidad debía canalizarse por las vías legales correspondientes.

“Fraude es una palabra muy fuerte; si se detectan irregularidades, existen instancias para presentar quejas o denuncias”, indicó Gray, quien formó parte de la misión de la UE que acompañó el proceso desde el 9 de julio.

La misión europea estuvo conformada por más de 100 observadores, incluyendo analistas especializados en marco legal, contexto político, tecnología electoral, medios de comunicación y redes sociales, quienes supervisaron todas las fases previas, la jornada de votación y el conteo de actas.

El caso cobró relevancia política el 2 de octubre, cuando el excandidato a diputado Peter Beckhauser presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia por un presunto fraude electoral, señalando la alteración de unas 3.600 actas. La fiscal Nilda Calle desestimó la acusación cuatro días después, argumentando que no cumplía los requisitos de admisión y otorgando un plazo de cinco días para apelar la decisión.

La acción de Beckhauser fue interpretada en el ámbito político como un intento de poner en duda los resultados de la primera vuelta y retrasar la segunda vuelta programada para el 19 de octubre. La diputada Samantha Nogales denunció que ciertos sectores buscaban desconocer las elecciones del 17 de agosto:

“Me parece atroz porque quieren impedir que se lleve a cabo la segunda vuelta”, afirmó Nogales durante la sesión plenaria N°176.

Ese mismo día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un pronunciamiento recordando que los resultados del 17 de agosto fueron aceptados por los partidos políticos, las misiones de observación y la ciudadanía, y advirtió sobre intentos de deslegitimar la segunda vuelta mediante denuncias sin fundamento.

En total, 13 misiones de observación, nacionales e internacionales, supervisaron las elecciones. Entre ellas figuraron la OEA, la UE, Parlasur, el Parlamento Andino, UNIORE, además de universidades y organizaciones nacionales como Fundación Jubileo, Red Observa Bolivia y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ninguna reportó irregularidades graves que sugirieran fraude.

El respaldo de estas misiones refuerza la legitimidad del proceso electoral y despeja dudas sobre la transparencia de los comicios, asegurando que la segunda vuelta del 19 de octubre se lleve a cabo conforme a la ley y a los resultados de la primera vuelta.