ENTRE RÍOS, TARIJA – El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos dictó una medida cautelar que dispone la suspensión inmediata y temporal de las actividades del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3. La determinación judicial surge tras una demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo con el objetivo de salvaguardar el ecosistema de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y la provincia O’Connor.

La resolución, emitida por el juez Clever Marcelo Osorio, establece una pausa obligatoria de 30 días calendario para todas las operaciones en el Bloque Exploratorio San Telmo Norte. Durante este lapso, las instituciones estatales demandadas deberán presentar informes técnicos detallados y alegatos legales ante la autoridad jurisdiccional.

Como parte del proceso, la justicia ha ordenado la incorporación formal de la empresa PETROBRAS S.A. como sujeto procesal necesario, asegurando que todos los actores operativos y ministeriales participen en la evaluación integral de los riesgos socioambientales del proyecto.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la medida como un hito para la protección preventiva de los derechos medioambientales en Bolivia. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y el debido proceso; defender la vida nunca será un delito”, subrayó la autoridad defensorial.

Para constatar el estado actual del emplazamiento y las condiciones del terreno, el juzgado ha fijado un cronograma de acciones inmediatas:

  • 9 de febrero de 2026: Se llevará a cabo una inspección técnica ocular en el Cantón Chiquiaca, con la participación de peritos y partes interesadas.
  • 13 de febrero de 2026: Se desarrollará una audiencia pública en la Casa de Justicia de Entre Ríos, donde terceros interesados podrán exponer argumentos sobre la viabilidad del proyecto.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), disponen de un plazo de diez días hábiles para remitir la documentación técnica y legal solicitada por el despacho judicial. Esta información será determinante para definir si la restricción temporal se extiende o si se modifica la medida cautelar.

Finalmente, el juzgado solicitó la identificación de defensores de derechos humanos ambientales en la zona para analizar la implementación de medidas de protección específicas a su favor, en un contexto de estrecha vigilancia por parte de organizaciones sociales que exigen transparencia en la gestión de recursos naturales.