El vicepresidente electo, Edman Lara, ha generado polémica tras manifestar su intención de jurar su cargo vistiendo la investidura policial, durante una entrevista en el programa Fama, Poder y Ganas, que es transmitido por redes sociales. Según informaciones recientes, supuestamente altos mandos policiales habrían autorizado que Lara pueda portar la vestimenta durante la ceremonia.
Desde Radio Actualidad, expertos y analistas compartieron su opinión sobre las implicaciones legales y políticas del hecho.
El abogado y analista político Vladimir Peña señaló que la cuestión tiene dos dimensiones: legal y simbólica. Desde el punto de vista legal, Peña recordó que el uniforme está reservado para oficiales en servicio activo y que Lara fue apartado de la Policía Boliviana tras un proceso disciplinario, lo que cuestiona su derecho formal a portar la vestimenta. No obstante, advirtió que los altos mandos podrían otorgar permisos excepcionales para actos protocolarios, aunque alertó sobre el riesgo de sentar un precedente que pueda ser cuestionado en el futuro.
En el plano político y simbólico, Peña destacó que el uso del uniforme representa más una reivindicación personal por la trayectoria de Lara en la institución que una intención de ejercer funciones policiales. Subrayó que el acto no alterará la investidura del vicepresidente ni su rol político, y que la ciudadanía deberá evaluar su desempeño en función de sus acciones y decisiones.
Por su parte, Emilio Roda, ex Viceministro de Régimen Interior y Policía y analista político, explicó que Lara, aunque retirado, mantiene su grado de capitán pasivo y que el uso del uniforme de uso social fue consultado y autorizado por la comisaría correspondiente, cumpliendo con las normas vigentes. “Es una formalidad simbólica que refleja su compromiso con la transformación institucional de la policía, pero no afecta su desempeño como dirigente ni su rol en la Asamblea”, indicó. Roda enfatizó que la atención de la sociedad debería centrarse en el proceso de reforma policial y en la participación ciudadana, más allá de los actos protocolarios.
El Dr. Jorge Santistevan coincidió en que el uso del uniforme constituye un acto simbólico y que cualquier permiso para portarlo depende estrictamente de la Policía Boliviana. Además, recordó que ninguna autoridad puede ejercer simultáneamente dos cargos y que cualquier participación administrativa del Estado por parte de Lara requeriría un permiso extraordinario si se mantuviera activo en la institución.
En conclusión, los especialistas coinciden en que la polémica generada por el uniforme policial de Lara debe ser entendida como un acto protocolar y simbólico. Su verdadero impacto se medirá por las acciones y decisiones del vicepresidente electo en el marco de su gestión y del respeto a la legalidad institucional.
