Vivian Balcázar, la jueza de Instrucción Penal Anticorrupción 21 de Santa Cruz de la Sierra, rechazó abrir una nueva causa penal contra el gobernador Luis Fernando Camacho —la octava desde que fuera detenido— y ordenó que la denuncia promovida por el Ministerio de Educación sea absorbida por una causa activa por los mismos delitos.

El principal argumento del fallo tiene que ver con la jurisprudencia establecida por la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, que establece que se debe respetar el debido proceso que regula y “pone límites al poder estatal en una sociedad democrática y de justicia”.

El dictamen fue emitido tras una audiencia virtual o asistida por medios tecnológicos de comunicación porque la causa fue radicada en Santa Cruz y Camacho está detenido desde diciembre de 2022 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar en el municipio paceño de Viacha.

La nueva denuncia contra Camacho fue planteada por falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, delitos que pudo cometer al firmar documentos como si la autoridad estuviese físicamente en Santa Cruz. La querella fue planteada por el Ministerio de Educación, a través de su representante César Eugenio Vicente Quinteros.

Esta demanda argumentó que se presentó ante esa cartera de Estado un memorial de revocatorio mediante el cual se apersonan, en representación de del gobernador Camacho, los señores Carlos Andrés Centeno Martínez y Vanessa Égüez. Ellos adjuntaron un instrumento 006/2023 del 3 de agosto de 2023 que fue otorgado ante notaría de gobierno de Santa Cruz, a cargo de Gina María Talavera Chávez.

Se argumentó que Camacho otorgó poder amplio y que la autoridad firmó estando detenido en Chonchocoro. El Ministerio de Educación señaló que Camacho está detenido desde el 28 de diciembre de 2022, pero aparece firmando un poder notarial en Santa Cruz el 1 de agosto de 2023 ante la notaría de gobierno.

El caso fue asignado en Santa Cruz ante el fiscal Carlos Gutiérrez. En la audiencia virtual el fiscal expuso los fundamentos ante la presencia del abogado Martin Camacho y de su defendido que estaba conectado vía zoom. Además, ante representantes del Ministerio de Educación.

Al final, la jueza determinó la acumulación de actuados a una acción ya iniciada anteriormente que, precisamente, fue llamado ‘caso Notaría’.

Al escuchar a ambas partes, la jueza Vivian Balcázar valoró los fundamentos. Al final la juez ordenó la acumulación de esta denuncia a una anterior ya sustanciada a cargo de la fiscal Yolanda Aguilera.

La jueza fundamentó que se anexa a esa acción la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la entidad internacional a cargo del cumplimiento del Pacto de San José.

“No se puede juzgar a una persona dos veces por una misma causa, se debe garantizar el debido proceso en aras de una verdadera justicia que regula y pone límites al poder estatal”, señala ese fundamento del proceso.

“Hacer lo contrario de juzgar y perseguir a una persona podría llevar a futuro a cargar una grave responsabilidad sobre el Estado”, apuntó el fallo.

EL DEBER