Desde una clínica privada, donde permanece internada, la jueza aseguró que el vehículo registrado en imágenes no le pertenece y puso a disposición su celular y las cámaras de su domicilio para verificar dónde se encontraba. También cuestionó los sobreseimientos emitidos por la Fiscalía en procesos vinculados al entorno de Sebastián Marset.

La jueza Livia Alarcón rechazó las acusaciones que la vinculan con el entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y aseguró que las actuaciones realizadas en los procesos que estuvieron bajo su jurisdicción se ajustaron a la normativa vigente.

En una entrevista concedida a EL DEBER desde una clínica privada, donde permanece internada desde el miércoles, Alarcón negó haber ingresado al inmueble donde se encontraba refugiado Marset antes de su captura y afirmó que existen elementos que pueden ser utilizados para comprobar su versión.

La magistrada sostuvo que el vehículo blanco observado en imágenes de vigilancia saliendo del domicilio atribuido a Marset no es de su propiedad. Según explicó, se trata de un motorizado de origen chino que fue incautado y trasladado a La Paz.

Alarcón aseguró además que el día en cuestión permaneció en su domicilio y pidió que se realice una verificación mediante la geolocalización de su teléfono celular y las cámaras de seguridad de su vivienda.

“Pongo a disposición mi celular”, afirmó la jueza, al señalar que también está dispuesta a entregar el sistema de grabación de su domicilio y proporcionar testigos que respalden su ubicación.

Consejo de la Magistratura abrió una investigación

Las declaraciones de la jueza se producen después de que su despacho fuera intervenido el miércoles por el Consejo de la Magistratura, que abrió una investigación de oficio a raíz de las acusaciones sobre su presunta presencia en el inmueble relacionado con Marset.

El encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio Arredondo, confirmó la apertura de la investigación.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, informó que Alarcón tiene antecedentes disciplinarios y señaló que existe una sanción de destitución que permanece pendiente de ejecución debido a una medida cautelar emitida dentro de la jurisdicción constitucional.

De acuerdo con la explicación proporcionada por Spencer, la jueza fue destituida inicialmente por un Tribunal Disciplinario de Oruro y posteriormente el Consejo de la Magistratura ratificó esa determinación en segunda instancia, durante 2025. Sin embargo, la ejecución de la sanción quedó suspendida mientras se resuelven acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Alarcón cuestiona los sobreseimientos de la Fiscalía

Respecto a los procesos relacionados con Marset y su entorno, la jueza reconoció que su despacho conoció causas vinculadas al narcotraficante y su círculo, pero negó haber favorecido a alguno de los investigados.

Alarcón centró parte de su explicación en los requerimientos de sobreseimiento emitidos por el Ministerio Público en favor de personas investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la jueza, varias de esas resoluciones fueron observadas porque no se cumplieron requisitos vinculados a las notificaciones. Por esa razón, sostuvo que los sobreseimientos cuestionados no adquirieron ejecutoria y, por tanto, no tendrían fuerza legal definitiva mientras permanezcan observados.

La magistrada remarcó que las resoluciones de sobreseimiento fueron emitidas por la Fiscalía y no por el Órgano Judicial, aunque correspondió a su despacho observarlas dentro de los procesos.

Caso de Katherin Marset

Al referirse específicamente al proceso contra Katherin Marset Cabrera, hermana de Sebastián Marset, Alarcón confirmó que el Ministerio Público emitió un requerimiento de sobreseimiento en su favor, pero afirmó que esta determinación también fue observada por su juzgado.

La jueza sostuvo que el sobreseimiento no se encontraba ejecutoriado y aclaró que su despacho no emitió una resolución que dispusiera la liberación de Katherin Marset.

“Hay una resolución fiscal firmada por estas autoridades en favor de Katherin Marset Cabrera”, señaló Alarcón, quien sostuvo que los aspectos relacionados con su liberación deben ser explicados por el Ministerio Público y las autoridades correspondientes.

La jueza reiteró que está dispuesta a colaborar con las investigaciones y entregar los elementos que permitan establecer dónde se encontraba y esclarecer las acusaciones en su contra.

FUENTE: EL DEBER