El recién posesionado ministro de Justicia, Jorge García, afirmó este jueves que el Gobierno cumplió la promesa electoral de cerrar la instancia estatal que —según señaló— operó durante años como un mecanismo de persecución política. Indicó que esta medida fue una condición expresa para asumir el cargo y que marca “el inicio de una nueva etapa institucional” en el país.

En sus primeras declaraciones públicas, García también se refirió a las afirmaciones del vicepresidente Edmand Lara, a quien acusó de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia y de afectar su reputación profesional y la de su familia. Calificó estos señalamientos como “opiniones apresuradas” y afirmó que dañaron directa­mente a su esposa e hijos.

“Las afirmaciones del vicepresidente han afectado no solo mi nombre, sino también el de mi familia. Como ciudadano de a pie, presentaré las acciones penales correspondientes para que se demuestren esas acusaciones”, manifestó el ministro, remarcando que no pesa sobre él ninguna sentencia condenatoria.

García sostuvo que cualquier denuncia debe ser demostrada conforme establece el sistema penal acusatorio y advirtió que no se debe permitir que el poder político o mediático vulnere derechos constitucionales. “No podemos permitir que estas figuras, aprovechando su influencia, difamen o afecten la honra de los ciudadanos”, añadió.

El ministro anunció que interpondrá de inmediato las acciones legales correspondientes y aseguró que defenderá su integridad y la de su familia. “No permitiré que se afecte la reputación de un profesional que ha trabajado por su país y que goza plenamente de la presunción de inocencia”, enfatizó.

Finalmente, García señaló que su gestión estará orientada a fortalecer las garantías constitucionales, reconstruir la institucionalidad y cumplir los compromisos asumidos por el Gobierno con la ciudadanía.