El exalcalde de Santa Cruz acudió a la DELCC por la investigación sobre la compra de cuatro hospitales móviles. Fernández negó irregularidades y calificó la denuncia como “política”.
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se presentó este jueves ante la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) para prestar su declaración informativa dentro de la investigación relacionada con la adquisición de cuatro hospitales móviles durante su gestión municipal.
La investigación surgió a partir de una denuncia por un presunto sobreprecio en la compra y adaptación de las unidades móviles. Antes de ingresar a las oficinas de la DELCC, Fernández afirmó que cuenta con la documentación necesaria para respaldar el proceso de contratación.
El exburgomaestre sostuvo que la adquisición se realizó mediante una licitación pública y que participaron tres empresas, por lo que rechazó que se trate de una contratación directa.
“Si no tenés presupuesto, no podés licitar. Tenías presupuesto, lo licitamos. Fue público. Se presentaron tres empresas. La adjudicación fue pública y la calificación también”, manifestó.
Defiende utilidad de los hospitales
Fernández también destacó que los cuatro hospitales móviles fueron entregados en agosto de 2024 y defendió los servicios que, según afirmó, prestaron durante su gestión.
De acuerdo con sus datos, los centros atendieron a más de 20.000 personas y permitieron la aplicación de más de 12.000 vacunas gratuitas en diferentes barrios de la ciudad.
El exalcalde sostuvo que estos antecedentes forman parte de los elementos que presentará ante los investigadores para explicar el proceso de adquisición.
Fernández niega sobreprecio
Ante las acusaciones de un supuesto sobreprecio, Fernández insistió en que la contratación se desarrolló bajo un procedimiento de licitación y aseguró que toda la documentación está disponible para demostrar los pasos que siguió la administración municipal.
“Mi conciencia está tranquila, sé lo que he hecho como alcalde”, afirmó.
Asimismo, señaló que el proceso se realizó bajo el marco establecido por el Decreto Supremo 181, normativa que regula los procedimientos de contratación pública.
Consultado sobre la denuncia promovida por concejales, Fernández respondió de manera categórica que considera que el proceso tiene un trasfondo político.
“Es político, es político”, sostuvo.
La investigación deberá establecer si existieron o no irregularidades en la contratación, determinar el monto final de la adquisición y establecer posibles responsabilidades, en caso de que correspondan. Mientras tanto, Fernández anunció que presentará los documentos y respaldos que, según indicó, demostrarían la legalidad del proceso.