La aeronave ejecutiva con matrícula PS-ZRZ, que llegó desde Corumbá, Brasil, y estaba destinada a transportar los 189,5 kilogramos de oro retenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, abandonó el territorio boliviano mientras continúa la investigación por el presunto intento de exportación ilegal del mineral.

De acuerdo con los registros de vuelo, la nave ingresó a Bolivia procedente de territorio brasileño y permaneció en el país durante el desarrollo de los operativos y actuaciones investigativas tras la incautación del cargamento de oro, valuado aproximadamente en 25 millones de dólares. Posteriormente, el avión despegó y dejó el espacio aéreo nacional.

La aeronave formaba parte de la operación que pretendía trasladar el cargamento hacia el exterior en un vuelo chárter. Sin embargo, el traslado fue interrumpido luego de que funcionarios de control detectaran irregularidades en la documentación presentada por el pasajero que pretendía abordar el vuelo desde Viru Viru.

El caso derivó en la aprehensión de un joven de 22 años, quien fue imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contrabando y venta o compra ilegal de recursos minerales. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva por 180 días mientras se desarrollan las investigaciones.

La salida de la aeronave se produce en medio de nuevos elementos dentro del proceso, luego de que surgieran denuncias sobre presuntas gestiones de autoridades que habrían intentado intervenir para liberar el cargamento retenido. Estas versiones aún son investigadas y deberán ser corroboradas por las instancias correspondientes.

Ahora, las autoridades buscan establecer quién contrató el vuelo chárter, cuál era el destino final del oro, el origen del mineral y si existió la participación de más personas en el presunto intento de sacar del país una carga millonaria sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.

Mientras avanza la investigación, el oro permanece bajo custodia de las autoridades como parte de los elementos secuestrados dentro del proceso penal.

FUENTE: DTV