La empresa Inversiones Terrazas Cortéz denunció que una decisión judicial arbitraria ha paralizado sus operaciones y dejado a 62 empleados sin poder ingresar a sus puestos de trabajo, afectando directamente el pago de su salario y aguinaldo de diciembre.
Según explicó su representante legal, Dr. Jorge Franco, la jueza Ángela Ira, del Juzgado Público Civil Comercial N° 11 de la capital, designó a un interventor judicial, Jorge Acamine, quien ingresó a la empresa de manera abusiva, acompañado de trabajadores de la empresa demandante, lo que vulnera la imparcialidad del proceso y agrava la situación de los empleados.
“Se trata de un hecho de alta relevancia social, donde más de 62 familias se encuentran en total indefensión ante los excesos de una autoridad judicial”, declaró el Dr. Franco.
La empresa pidió la intervención urgente del Órgano Judicial y del Ministerio de Trabajo para que se restablezcan las operaciones y se protejan los derechos laborales de los trabajadores afectados.
El Dr. Franco señaló que esta intervención constituye un abuso de autoridad, generando un precedente preocupante para el sector empresarial y laboral. “No es solo una cuestión de salarios; es un golpe a la estabilidad y seguridad de los trabajadores y sus familias”, agregó.
Inversiones Terrazas Cortéz anunció que continuará exigiendo que se revierta esta medida y se garantice que la justicia actúe de manera imparcial y dentro del marco legal.
