Un operativo conjunto de la Policía Anticorrupción, personal de Criminalística y el Ministerio Público intervino este jueves oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz de la Sierra y La Paz, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de crudo vinculadas a la empresa Trafigura.
La acción se concentró en instalaciones de la estatal petrolera ubicadas en la doble vía La Guardia, en Santa Cruz, así como en oficinas de la sede de gobierno. Durante el operativo se realizó el registro de ambientes y el secuestro de documentación considerada clave para el avance de la investigación.
El fiscal del caso, Omar Quisbert Rosales, informó que la pesquisa contempla de manera preliminar los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Señaló que el material recolectado será analizado para determinar si corresponde ampliar la investigación e identificar posibles responsabilidades.
En La Paz, el fiscal anticorrupción Aldo Mesa precisó que el caso se investiga inicialmente contra presuntos autores, sin personas plenamente identificadas hasta el momento. “Estamos recolectando indicios para corroborar si existen los ilícitos denunciados, posteriormente se hará la identificación de los presuntos autores, cómplices y encubridores”, explicó.
La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por parlamentarios y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quienes observaron presuntas irregularidades en los costos de adquisición de petróleo en comparación con gestiones anteriores.
El caso también se enmarca en la revisión del sistema de abastecimiento de combustibles en el país, activado tras la decisión del Gobierno de suspender contratos con Trafigura el pasado 31 de marzo, luego de denuncias relacionadas con la calidad de los carburantes importados y su impacto en vehículos de usuarios.
Desde el Ministerio Público se indicó que la investigación busca establecer toda la cadena de importación de hidrocarburos, desde la compra hasta la distribución final, con el objetivo de detectar posibles fallas o irregularidades en el proceso.
Por su parte, la empresa Trafigura afirmó que sus contratos con YPFB no están vinculados al suministro de gasolina, asegurando que mantiene acuerdos vigentes con el Estado boliviano y que cumplió con sus obligaciones contractuales, sin haber recibido reclamos formales sobre la calidad del producto durante su vigencia.
La investigación continúa en desarrollo y se prevé que en los próximos días se amplíe el análisis de la documentación secuestrada para determinar posibles responsabilidades penales.