Bloqueo legislativo: El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) denunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mantiene detenido un crédito de 40 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde hace más de 18 meses. Este financiamiento estaba destinado a fortalecer la capacidad del Estado para frenar los avasallamientos y conflictos agrarios, especialmente en Santa Cruz, uno de los departamentos más afectados.
Impacto en la titulación de tierras: Según el director del INRA, Eulogio Núñez, la falta de recursos ha dejado a la institución con “mínima capacidad técnica y operativa”. Entre 1996 y 2024 se titularon el 93% de las tierras sujetas a saneamiento, pero los territorios pendientes concentran la mayoría de los conflictos y tomas ilegales. Núñez destacó que el crédito bloqueado era clave para completar el saneamiento, implementar un catastro rural descentralizado y reducir la inseguridad jurídica.
Crítica del sector agropecuario: Productores y gremios señalan que la inacción estatal no se debe únicamente a limitaciones técnicas, sino que habría una permisividad hacia ciertos movimientos sociales afines al Gobierno, lo que agrava los conflictos por tierras productivas.
Ampliación de la paralización financiera: El director del INRA también alertó que este crédito forma parte de un paquete más amplio de 16 proyectos de ley de financiamiento externo, por un total de 1.660 millones de dólares, que permanecen detenidos en la ALP.
Comisión Agraria en Santa Cruz: El gobernador Luis Fernando Camacho anunció que este jueves se convocará a la Comisión Agraria Departamental, con participación del INRA. Sin embargo, la directora departamental, Magdalena Panduro, confirmó que todavía no ha recibido la invitación oficial.
Conclusión: La situación refleja una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, mientras los conflictos agrarios continúan generando inseguridad jurídica y afectando a productores y comunidades en varias regiones del país.
FUENTE: EL DEBER
