El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se hizo presente en la reunión convocada entre representantes del Gobierno, ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sectores del transporte menor, con el fin de demandar una compensación por los daños mecánicos reportados en vehículos tras la utilización de combustible presuntamente en mal estado.
Durante el encuentro, Cochamanidis señaló que la sociedad civil no permitirá que el problema quede sin respuestas y afirmó que se realizará un control y seguimiento permanente a los compromisos que asuman las autoridades y la estatal petrolera en favor de los afectados.
En tanto, dirigentes de asociaciones de mototaxistas y taxistas cuestionaron la forma en la que se organizó la convocatoria, denunciando restricciones en el acceso a la reunión. Explicaron que, en un inicio, se anunció una participación abierta; posteriormente se redujo el ingreso a dos representantes por organización y, finalmente, se fijó un cupo máximo de 24 asistentes, a pesar de que existen más de 15 asociaciones del sector.
Pese a las observaciones planteadas, los transportistas ratificaron su demanda de resarcimiento económico por las averías sufridas en motores y sistemas de combustión, atribuyendo la responsabilidad a las instancias gubernamentales encargadas de la importación, distribución y control de la calidad del combustible.
Los sectores afectados advirtieron que no descartan asumir medidas de presión si el proceso no deriva en soluciones concretas que permitan la reparación de los daños ocasionados.
