Informe señala fallas en controles de calidad, cuestiona el funcionamiento de Botrading y advierte un posible daño económico al Estado por alrededor de $us 250 millones. La investigación será remitida al Ministerio Público, Contraloría y al Ejecutivo si es aprobada.

La comisión de investigación de la Cámara de Diputados sobre el denominado caso de la “gasolina basura” concluyó su trabajo y presentó una serie de hallazgos que apuntan a presuntas irregularidades en la importación, control y comercialización de combustibles en el país.

El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, explicó que uno de los principales puntos observados es el funcionamiento de Botrading, empresa vinculada a operaciones de compra de combustibles en el exterior y que, según la comisión, habría sido utilizada para evitar controles estatales.

De acuerdo con Alarcón, el daño económico estimado por este caso alcanza aproximadamente a $us 250 millones, monto que actualmente es investigado dentro de un proceso penal abierto por la Fiscalía en La Paz.

“Botrading era un disfraz que utilizaba YPFB para hacer trato directo con intermediarios que vendían combustible para Bolivia”, afirmó el legislador, quien señaló que la empresa operaba como un “cascarón vacío” y manejaba montos superiores a los $us 900 millones, pese a contar con una estructura reducida.

Controles de calidad “al ojo”

Otro de los hallazgos mencionados por la comisión está relacionado con los controles de calidad del combustible importado. Alarcón afirmó que funcionarios de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizaban verificaciones basadas únicamente en el color y aspecto del producto.

Según el diputado, uno de los funcionarios encargados de estas revisiones no contaba con formación especializada en química para realizar análisis técnicos.

La comisión también observó deficiencias en los certificados de calidad emitidos por empresas privadas, debido a que no detallaban componentes necesarios para determinar si el combustible cumplía con los parámetros permitidos.

Entre las sustancias observadas se encuentran exceso de gomas, biodiésel y etanol en algunos lotes ingresados al país.

Gasolina desestabilizada habría ingresado entre 2025 y 2026

El informe establece que la gasolina cuestionada habría ingresado a Bolivia entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Alarcón señaló que uno de los puntos más relevantes de la investigación es la decisión de retirar los precintos de cinco tanques de almacenamiento que contenían gasolina sospechada de estar desestabilizada.

Según explicó, esta autorización se realizó mediante la Resolución Ministerial 041/2026, emitida el 3 de marzo de 2026, que permitió disponer del combustible pese a que requería un tratamiento previo antes de su comercialización.

El legislador indicó que esta acción habría incumplido las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 4718, que establece medidas de seguridad para evitar la distribución de combustibles fuera de los parámetros de calidad.

Señalan responsabilidades en gobiernos anteriores y actual gestión

El informe identifica posibles responsabilidades de exautoridades de la gestión de Luis Arce y también de funcionarios vinculados al actual Gobierno.

Alarcón mencionó que la comisión observó la participación de exautoridades relacionadas con la eliminación de controles de calidad mediante decretos emitidos en 2024 y 2025.

Asimismo, señaló que durante la actual administración se habrían mantenido contratos heredados para la compra de gasolina base, incluyendo modificaciones realizadas posteriormente.

“La comisión señala que se permitió que ingrese al país un producto que no tenía la calidad adecuada y que además sea distribuido”, afirmó.

Recomiendan investigación penal y auditorías

Entre las recomendaciones del informe está que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales, además de solicitar auditorías especiales a la Contraloría General del Estado.

Los delitos que podrían ser investigados incluyen conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.

Además, la comisión recomendó fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la ANH para mejorar los controles de calidad de los combustibles.

Observan posibles sobreprecios en contratos petroleros

Otro punto incluido en la investigación está relacionado con los denominados premios en contratos de compra de petróleo.

Alarcón explicó que la comisión detectó variaciones significativas en los precios pactados con una misma empresa proveedora. Según detalló, en una adenda de diciembre se estableció un valor de $us 20,88 por unidad, mientras que en una modificación posterior el precio bajó a $us 8,90, situación que, según la comisión, podría representar un indicio de sobreprecio y daño económico al Estado.

Gobierno deberá demostrar que combustible actual cumple calidad

Finalmente, el diputado señaló que el Gobierno aseguró que actualmente la gasolina comercializada en el país ya no presenta problemas de estabilidad.

Sin embargo, indicó que serán los próximos meses los que permitirán verificar si esa garantía es efectiva.

“Se tendrá que explicar si la relación contractual con Vitol concluyó o si fue ampliada, y qué medidas se tomaron para evitar que vuelva a ingresar combustible con problemas de calidad”, sostuvo Alarcón.