El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) se preparan para una reunión decisiva este miércoles en la Casa Grande del Pueblo, en un intento por encaminar soluciones tras más de siete semanas de conflictividad social en el país.

El encuentro, previsto para las 09:00, surge tras la conminatoria emitida por el ente laboral y se desarrolla en un escenario marcado por el impacto económico de las protestas, que distintos sectores estiman en más de 2.000 millones de dólares en pérdidas.

La reunión contará con la participación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en calidad de garante, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.

Las movilizaciones cumplen este 17 de junio 48 días y son impulsadas por sectores de la COB, organizaciones campesinas y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, quienes mantienen como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En paralelo al inicio del diálogo, la dirigencia de la COB presentó un pliego de ocho puntos que incluye el rechazo a la privatización de empresas estatales, la fiscalización previa de normas en debate legislativo y la negativa a acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI). También exige mayor transparencia en las negociaciones con organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID.

Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial José Luis Gálvez destacó la disposición al diálogo y calificó la mesa como un espacio para la búsqueda de acuerdos en función de la coyuntura actual. Sin embargo, reiteró que cualquier entendimiento deberá enmarcarse en la Constitución y la normativa vigente.

El Gobierno afirmó que está dispuesto a analizar los planteamientos de la COB, aunque insistió en que las soluciones deberán construirse dentro del marco legal del Estado.

En medio de la crisis, ambas partes llegan a la mesa de negociación bajo fuerte presión política, económica y social, con la expectativa de que el encuentro pueda abrir una vía de desescalada del conflicto.