Tras una reunión que se prolongó por casi cuatro horas, representantes del sector agropecuario y autoridades nacionales acordaron iniciar un proceso de consenso para la elaboración de una nueva normativa destinada a pequeños y medianos productores, en medio del conflicto generado por la Ley 1720 y los bloqueos instalados en distintas carreteras del país.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que en el encuentro participaron autoridades legislativas, ministros de Estado, representantes de cámaras agropecuarias departamentales y sectores productivos.

Según explicó, el objetivo principal fue encontrar una salida al conflicto y evitar mayores perjuicios al abastecimiento de productos e insumos en las ciudades del occidente del país.

“Por pacificar el país y por el bien de todos los bolivianos que están sufriendo porque no llegan alimentos ni oxígeno, hemos decidido avanzar en este proceso de diálogo”, manifestó.

Frerking cuestionó las medidas de presión y aseguró que los bloqueos tienen un trasfondo político más que social.

“Los bloqueos no pueden continuar bajo ninguna excusa. Son totalmente políticos y nosotros no vamos a prestarnos a que nos utilicen con fines políticos”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el sector productivo busca generar estabilidad, garantizar seguridad jurídica y crear condiciones que permitan mantener la producción y las fuentes de empleo.

“No traemos pliegos petitorios, traemos propuestas concretas para construir un mejor futuro para el país”, indicó.

Como resultado del encuentro, se acordó trabajar junto a las comisiones agrarias departamentales para construir una nueva propuesta legal en un plazo de 60 días.

“Hemos quedado en que cada departamento participará en la construcción de consensos para tener una nueva ley para pequeños y medianos productores”, explicó Frerking.

La Ley 1720 ha provocado protestas y bloqueos en distintas regiones debido a observaciones de sectores sociales y campesinos, que consideran que la norma podría afectar la tenencia de tierras y generar endeudamiento rural. Por su parte, organizaciones productivas sostienen que la ley buscaba ampliar el acceso al financiamiento para el sector agropecuario.

Finalmente, el presidente de la CAO pidió preservar la estabilidad y la democracia para garantizar el desarrollo económico del país.

“Queremos una Bolivia donde se pueda trabajar y producir. Construyamos país y no lo destruyamos”, concluyó.