El Gobierno cuestionó este lunes la advertencia de un paro nacional escalonado lanzada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y afirmó que una medida de esa naturaleza no contribuirá a resolver la crisis que atraviesa el sistema judicial.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó como «inaudito» el anuncio realizado por la máxima autoridad del Órgano Judicial y sostuvo que la sola posibilidad de paralizar la administración de justicia resulta reprochable.

«El Poder Ejecutivo debe remarcar, en esencia, que el anuncio de un paro en el Órgano Judicial es un hecho inaudito y su sola mención o sugerencia es reprochable. Estamos seguros de que la sociedad boliviana estará de acuerdo en que la profunda crisis del sistema judicial no se soluciona con un paro», manifestó.

Gálvez recordó que el país recién comienza a superar un periodo de más de 50 días de conflictos sociales, bloqueos y paros impulsados por distintos sectores, por lo que consideró que promover una nueva medida de presión resulta contraproducente.

Asimismo, advirtió que cualquier consecuencia derivada de una eventual paralización de la justicia será responsabilidad de quienes convoquen a esa medida.

«No estamos de acuerdo en que se adopten lógicas corporativas de corte sindical que ya le hicieron mucho daño al país», enfatizó el vocero.

Pese al rechazo expresado, el Ejecutivo aseguró que mantiene la disposición al diálogo. Gálvez indicó que el Gobierno espera recibir formalmente la nota enviada por el TSJ para evaluar los planteamientos y coordinar acciones de manera institucional, sin condicionamientos.

Las declaraciones surgen luego de que el presidente del TSJ, Romer Saucedo, otorgara un plazo de 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para atender las demandas del Órgano Judicial, entre ellas la asignación de mayores recursos económicos y el tratamiento de proyectos de ley considerados prioritarios.

La autoridad judicial advirtió que, de no existir respuestas en ese plazo, se ejecutará un paro escalonado a nivel nacional.

«En caso de que estas dos situaciones institucionales no sean atendidas, se ha determinado que la Justicia también va a parar en el país. Porque los que respetamos la institucionalidad, el Estado de derecho y somos garantes de una justicia en el país no somos atendidos, pero los que bloquean, los que paran y los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden», afirmó Saucedo.