EL ALTO – El Gobierno Nacional asistirá este martes a una audiencia en una sala constitucional de El Alto, donde se resolverá una acción popular presentada contra el Decreto Supremo 5515. Anticipó que solicitará la denegación de la tutela, argumentando que el recurso carece de fundamento jurídico y que el accionante incurre en una duplicidad de procesos prohibida por la ley.
El DS 5515 faculta al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus atribuciones constitucionales a través de medios tecnológicos cuando se encuentre temporalmente fuera del país. El viceministro de Transparencia, Yamil García, confirmó que el Estado defenderá la plena vigencia de esta norma como una herramienta de modernización y continuidad administrativa.
La autoridad denunció que el accionante, el abogado Wilmer Vásquez, está intentando reabrir un caso que ya fue rechazado anteriormente en otra jurisdicción.
“El 9 de enero, una sala de Santa Cruz ya se le negó la tutela. El accionante copió sus argumentos y los llevó a otra jurisdicción, lo cual es jurisprudencialmente inviable mientras el primer fallo esté en revisión ante el Tribunal Constitucional”, explicó García.
El Gobierno sostiene que la nueva acción popular es manifiestamente improcedente por tres razones técnicas:
- Duplicidad: No se puede plantear una segunda acción tutelar sobre el mismo tema mientras la primera sigue en curso.
- Falta de objeto: El recurso cuestiona el Decreto 5503, una norma que jurídicamente ya no existe.
- Inexistencia de agravio: Una acción popular se fundamenta en la vulneración de derechos colectivos, algo que, según el Ejecutivo, no ocurre con el ejercicio de funciones presidenciales vía remota.
Finalmente, el Viceministro instó al tribunal a denegar la tutela de forma directa y exhortó al accionante a respetar la jurisprudencia constitucional para evitar el uso indebido de los recursos judiciales del Estado.