El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la suspensión de visas es una decisión soberana de cada Estado y confirmó que Bolivia solicitó información a Estados Unidos ante posibles denuncias vinculadas al narcotráfico.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Bolivia solicitó a Estados Unidos información sobre una nueva lista de 20 personas mencionada por ese país, en medio de consultas relacionadas con posibles vínculos con actividades de narcotráfico.
La autoridad aclaró que el retiro o suspensión de visas corresponde a las atribuciones de cada Estado y que esta medida no implica, por sí misma, la existencia de una denuncia o proceso penal contra las personas afectadas.
“Una cosa es el retiro de las visas. Eso es competencia, atribución de un Estado para ver qué ciudadanos tienen derecho a ingresar y qué ciudadanos no”, explicó Oviedo.
CASO DEL FISCAL GENERAL
Consultado sobre el retiro de la visa al Fiscal General del Estado, el ministro señaló que la Asamblea Legislativa se pronunció sobre el tema en el marco de sus competencias de legislación y fiscalización, además de su relación institucional con la designación del titular del Ministerio Público.
Oviedo sostuvo que cualquier eventual denuncia contra ciudadanos bolivianos debe ser analizada dentro de los procedimientos correspondientes y remarcó que la administración de Rodrigo Paz mantiene como una de sus líneas de acción la lucha contra el narcotráfico.
“Es una política democrática, es una política sin retroceso”, afirmó.
PIDEN INFORMACIÓN SOBRE MARSET
Durante la conferencia de prensa, Oviedo también fue consultado sobre un eventual vínculo entre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el Fiscal General.
El ministro confirmó que el Gobierno boliviano ya solicitó información a las autoridades estadounidenses sobre ese extremo, aunque evitó adelantar conclusiones mientras no se cuente con una respuesta oficial.
“Ya se ha solicitado la información”, señaló Oviedo, quien agregó que corresponde esperar los datos solicitados a Estados Unidos antes de emitir mayores criterios sobre el caso.
La autoridad insistió en que cualquier eventual denuncia relacionada con ciudadanos bolivianos deberá ser sustentada con información y seguir los procedimientos correspondientes.





