El Ejecutivo anunció que solicitará información y elementos probatorios a Estados Unidos para esclarecer las acusaciones, mientras remarcó que las investigaciones en Bolivia deben desarrollarse con independencia y apego a la normativa.

El Gobierno boliviano anunció que solicitará a Estados Unidos información adicional y elementos que sustenten los graves señalamientos realizados contra autoridades y exautoridades del país, luego de las restricciones de ingreso anunciadas por Washington.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que las actuaciones de la Fiscalía y de los demás órganos del Estado deben desarrollarse de manera independiente, transparente y conforme al marco legal, sin intervención del Órgano Ejecutivo.

“Todas las actuaciones de la Fiscalía, como de cualquier otro órgano público del Estado, naturalmente tienen que llevarse de acuerdo a lo que dicta la normativa”, afirmó Aramayo.

La autoridad señaló que el Gobierno acompañará las acciones que correspondan para esclarecer cualquier posible hecho contrario a la ley. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre casos concretos, al considerar que corresponde respetar la independencia de las instituciones encargadas de investigar.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el Ejecutivo pedirá a Estados Unidos que proporcione información complementaria y elementos probatorios relacionados con las acusaciones formuladas contra ciudadanos bolivianos.

Justiniano calificó los señalamientos como graves y aseguró que el Gobierno los toma con seriedad, por lo que consideró necesario contar con información que permita establecer qué hechos fueron identificados, quiénes estarían involucrados y cuáles serían las evidencias que sustentan las medidas adoptadas por Washington.

El pedido surge después de que Estados Unidos anunciara restricciones de ingreso contra ciudadanos bolivianos, entre ellos autoridades y exautoridades vinculadas al Ministerio Público, Órgano Judicial, Policía y otras instituciones.

Desde el Ejecutivo boliviano se remarcó que cualquier eventual responsabilidad debe ser determinada mediante investigaciones y procedimientos establecidos por la legislación, con base en elementos verificables y respetando las competencias de cada órgano del Estado.