Una investigación fue activada por el Gobierno nacional luego de que se conociera la brutal agresión contra un periodista ocurrida el 12 de febrero en El Alto, cuando el comunicador realizaba cobertura de actividades relacionadas con las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Mediante pronunciamientos públicos, el Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado expresaron su condena por el hecho y aseguraron que se adoptarán todas las acciones necesarias para identificar y procesar a los responsables. En los comunicados, el Ejecutivo calificó la agresión como un atentado directo contra la libertad de prensa y los principios democráticos.

La denuncia fue formalizada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), que señalaron que el trabajador de la prensa fue interceptado después de cubrir un acto proselitista en la plaza de la Cruz de Villa Adela.

De acuerdo con el reporte, el periodista fue reducido por varios sujetos, forzado a subir a un vehículo y trasladado cerca de 15 kilómetros hasta un descampado en la zona de Kiswaras. Allí habría sido atacado con un arma blanca y sufrió cortes en la lengua. El informe médico estableció que las heridas fueron provocadas de manera deliberada.

Las organizaciones periodísticas advirtieron que el hecho configura un intento de silenciar la labor informativa y exigieron garantías efectivas para el ejercicio seguro del periodismo.Asimismo, alertaron que la falta de sanciones podría fomentar nuevos actos de violencia contra la prensa.

Desde el Ejecutivo reiteraron su respaldo al gremio periodístico y afirmaron que se brindará información oficial conforme avancen las investigaciones, subrayando que el caso no quedará impune.