El Órgano Ejecutivo oficializó la abrogación de la Ley 1720 mediante su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, dando paso a una nueva etapa de revisión del marco legal agrario en el país.
La medida fue consolidada con la promulgación de la Ley 1731, que establece un plazo de 60 días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional elabore una nueva normativa agraria, a partir de un proceso de consenso técnico y social con distintos sectores involucrados.
La nueva disposición forma parte de los acuerdos impulsados entre el Gobierno y actores del ámbito productivo y social, con el objetivo de reencaminar la regulación sobre la tenencia y uso de la tierra.
El presidente Rodrigo Paz, en el marco de la promulgación, afirmó que la decisión busca fortalecer el diálogo institucional y construir una normativa con mayor legitimidad y participación de todos los sectores.
La Ley 1731 mantiene principios del régimen agrario, entre ellos la función social y económica de la tierra, además de garantías para territorios indígenas, Tierras Comunitarias de Origen (TCO), Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) y áreas protegidas.
Asimismo, la norma establece que la conversión de la pequeña propiedad agraria será voluntaria y no aplicará a territorios colectivos ni reservas naturales.
El Gobierno también destacó el rol de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD) como espacios de concertación para la construcción del nuevo proyecto de ley que deberá ser tratado por el Legislativo en el plazo establecido.
