La continuidad del diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) quedó en suspenso y depende de los resultados que arroje la revisión de los procesos judiciales contra más de un centenar de personas aprehendidas durante los conflictos y bloqueos que afectan al país desde hace 48 días.

Aunque el Ejecutivo expresó su expectativa de reinstalar las negociaciones este jueves, los dirigentes cobistas mantienen su posición de no avanzar hacia otras mesas de trabajo mientras no existan señales concretas sobre la liberación de los detenidos y el cese de los procesos contra sus principales líderes.

Para destrabar el conflicto, ambas partes conformaron una comisión integrada por representantes del Ministerio de Gobierno, la COB y la Fiscalía, encargada de analizar la situación jurídica de cada uno de los aprehendidos. El informe que emita esta instancia será la base para determinar los próximos pasos de la negociación.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran la dimensión del problema. Hasta el 15 de junio se contabilizaron 365 personas arrestadas en los operativos de desbloqueo. De ese total, 247 fueron liberadas, mientras que 103 permanecen imputadas y otras 15 aún no tienen una situación legal definida.

Además, los registros indican que 12 personas continúan con detención preventiva en centros penitenciarios, 19 cumplen detención domiciliaria, cinco cuentan con medidas sustitutivas y 17 fueron sentenciadas mediante procedimientos abreviados.

Desde el Gobierno se insiste en que cualquier decisión deberá ajustarse al debido proceso y a la normativa vigente. Las autoridades señalaron que la revisión se realizará de manera individual, descartando una liberación generalizada de los procesados.

Mientras tanto, la COB sostiene que la situación de los detenidos es una condición indispensable para avanzar en la búsqueda de acuerdos. Los sectores movilizados consideran que no existen garantías para reanudar plenamente las conversaciones mientras continúen los procesos judiciales contra manifestantes y dirigentes.

Entre los casos que podrían formar parte de la revisión se encuentran los procesos abiertos contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros miembros de la dirigencia sindical, un asunto que también forma parte de las demandas planteadas por las organizaciones sociales.

Por ahora, la mesa jurídica es el único espacio de negociación activo. Su resultado podría definir no solo la reanudación del diálogo, sino también el rumbo de un conflicto que mantiene bloqueos y tensiones en distintas regiones del país.