La OFEP concluyó su diagnóstico sobre 67 empresas estatales y el Ejecutivo prevé comenzar a tomar decisiones desde la próxima semana. El DS 5727 establece procedimientos distintos según la situación y la norma con la que fue creada cada entidad.

El Gobierno comenzará este martes a definir el futuro de las empresas públicas que fueron sometidas a evaluación por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), en un proceso que contempla la posibilidad de reorganizar, disolver o liquidar determinadas entidades.

El director de la OFEP, Pablo Camacho, informó que el diagnóstico técnico ya fue concluido y entregado al Ejecutivo. Según explicó, la intención del Gobierno es avanzar progresivamente con las decisiones y analizar inicialmente una empresa por día.

El proceso se encuentra respaldado por el Decreto Supremo 5727, aprobado esta semana, que declara como prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. La norma establece que las determinaciones deberán sustentarse en el diagnóstico técnico elaborado por la OFEP y pasar por las instancias correspondientes.

No habrá cierres automáticos

El decreto no contiene una lista de empresas que serán cerradas ni establece que todas las entidades evaluadas deban desaparecer. Cada caso deberá seguir un procedimiento específico.

Una vez que el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) apruebe las recomendaciones del diagnóstico, el ministerio responsable de cada sector tendrá hasta 15 días hábiles para gestionar el instrumento normativo correspondiente.

Si una empresa fue creada mediante decreto supremo, el procedimiento puede requerir una nueva norma de ese nivel. En cambio, cuando su creación se encuentra respaldada por una ley, será necesario tramitar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa.

Por ello, el anuncio de decisiones desde el martes no significa necesariamente que ese mismo día se concrete la liquidación jurídica de las entidades observadas, sino que podría marcar el inicio de la aplicación de las recomendaciones del diagnóstico.

Más de 20 empresas están en situación crítica

La evaluación de la OFEP alcanzó a 67 empresas públicas y, de acuerdo con información publicada por la propia entidad, identificó a más de 20 en situación crítica. El diagnóstico contiene recomendaciones diferenciadas para cada empresa y permanece bajo reserva.

La situación financiera de las empresas estatales se convirtió en uno de los argumentos centrales del Gobierno para impulsar la revisión. La OFEP también informó que varias entidades acumulan alrededor de Bs 8.100 millones en deudas tributarias, además de otras obligaciones financieras.

Entre las empresas mencionadas durante el proceso de evaluación están Mi Teleférico, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Yacimientos de Litio Bolivianos, la Empresa Azucarera San Buenaventura y el complejo siderúrgico del Mutún. Sin embargo, la OFEP aún no confirmó públicamente cuáles serán las primeras entidades sobre las que se aplicarán las medidas.

Reorganización, disolución o liquidación

El destino de cada empresa dependerá de sus resultados financieros, operativos y jurídicos. Una eventual reorganización permitiría mantener las operaciones, pero con cambios en su estructura y administración.

En los casos de disolución o liquidación, deberán activarse procedimientos para resolver la situación de sus activos, pasivos, contratos y obligaciones laborales, de acuerdo con la normativa correspondiente.

La OFEP sostiene que el objetivo del proceso es tomar decisiones sobre la continuidad de las empresas estatales con base en criterios técnicos y económicos.

Así, el martes se abrirá una nueva etapa en la revisión de las empresas públicas: el Gobierno deberá comenzar a convertir el diagnóstico de la OFEP en decisiones concretas, mientras todavía se mantiene bajo reserva la lista de las primeras entidades que serán reorganizadas, disueltas o liquidadas.