La vicegobernadora informó que la justicia constitucional concedió la tutela solicitada por la Gobernación y dio plazo hasta el 31 de agosto para cumplir con las obligaciones pendientes.
La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, informó que la justicia constitucional concedió la tutela presentada por la Gobernación y ordenó al Ministerio de Salud cumplir con el pago de las deudas pendientes por los servicios de hemodiálisis prestados por centros privados en el departamento.
Aguirre explicó que la acción constitucional fue activada ante la acumulación de obligaciones económicas, la falta de renovación de convenios y la necesidad de actualizar los costos de los tratamientos. Estos factores, señaló, generaban preocupación por la continuidad de la atención que reciben cerca de 2.000 pacientes renales en Santa Cruz.
“Vamos a seguir activando todos los mecanismos constitucionales necesarios para proteger y defender los derechos del pueblo cruceño”, afirmó la autoridad departamental.
Según la resolución, el Ministerio de Salud deberá cumplir con las disposiciones establecidas por la justicia constitucional hasta el 31 de agosto. La Sala Constitucional también advirtió que el incumplimiento del fallo podría generar responsabilidades penales para las autoridades correspondientes.
La vicegobernadora destacó que la determinación representa un respaldo para los pacientes que dependen de las sesiones de hemodiálisis de manera permanente.
Aguirre remarcó que la falta de pago a los centros privados puede comprometer la prestación de un servicio esencial, por lo que la Gobernación continuará realizando gestiones para garantizar que los tratamientos no sean interrumpidos.
La autoridad sostuvo que el derecho a la salud y a la vida de los pacientes renales debe estar por encima de las dificultades administrativas o financieras.
La Gobernación de Santa Cruz anunció que hará seguimiento al cumplimiento de la resolución y exigirá al Ministerio de Salud atender las obligaciones pendientes dentro del plazo fijado por la justicia constitucional.
El fallo establece así una fecha límite para que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones relacionadas con el servicio de hemodiálisis, en un caso que involucra directamente a miles de pacientes renales del departamento.
