La Fiscalía Departamental, a través de la Unidad Anticorrupción, realizó este miércoles un allanamiento en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dentro del proceso penal seguido contra Gabriela Delgadillo Salazar y otras personas por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y otros tipificados en la Ley 304, modificada por la Ley 309.
La principal investigada se encontraba aprehendida y, durante sus declaraciones informativas policiales, se acogió a su derecho constitucional al silencio.
Según la investigación, Gabriela de Galindo ejercía funciones como gerente de productos derivados e industrializados en YPFB, con responsabilidades en la planificación, ejecución y administración de la comercialización de hidrocarburos líquidos, así como en el abastecimiento del mercado interno y la exportación de excedentes. No obstante, se detectó que habría firmado informes y reportes de gestión con un sello distinto al asignado, suscribiendo documentos como vicepresidenta nacional de operaciones sin contar con designación formal que lo respaldara.
El allanamiento tuvo como objetivo recolectar manuales de funciones, documentos de asignación, reportes mensuales de actividad y otros elementos materiales, incluidos dispositivos electrónicos, que permitieran esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Ministerio Público confirmó que al menos dos personas más se encontraban bajo investigación por los mismos delitos, aunque sus identidades se mantuvieron en reserva. El procedimiento permitió identificar posibles autores, cómplices o encubridores dentro de esta presunta red de corrupción en la estatal.
El Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción continúa con el análisis de los elementos recabados para consolidar la investigación y definir las medidas legales correspondientes.
