La Fiscalía formalizó la imputación contra el gerente general de YPFB Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez, y el gerente comercial de YPFB, Nelson Alejandro Mendoza, y solicitó seis meses de detención preventiva para ambos dentro de la investigación por el caso denominado gasolina desestabilizada.

El requerimiento fue presentado por el Ministerio Público tras la aprehensión de los ejecutivos, realizada el lunes en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, respectivamente.

El fiscal Anticorrupción David Torrez informó que la solicitud será puesta a consideración de la autoridad jurisdiccional durante las audiencias cautelares. La Fiscalía planteó que Torrico sea recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, mientras que Mendoza cumpla la medida en la cárcel de San Pedro, en La Paz.

Según la investigación, ambos son investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro de un proceso que busca esclarecer supuestas irregularidades relacionadas con la comercialización y manejo de combustibles.

“A partir de los elementos que se han colectado y el análisis global realizado, se está solicitando como medida cautelar la detención preventiva de ambos”, señaló Torrez.

Mientras se define su situación jurídica, los dos ejecutivos permanecen en dependencias policiales a la espera de sus respectivas audiencias de medidas cautelares.

El caso ya tiene un primer implicado con detención preventiva. Se trata de Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, quien fue enviado previamente por seis meses al penal de Palmasola por disposición judicial.

La investigación continúa en curso y no se descarta que surjan nuevas actuaciones procesales conforme avance la recolección de pruebas y la revisión de documentación vinculada al caso.