El fiscal general interino anunció una revisión de las autoridades departamentales y prevé definir nuevos fiscales la próxima semana. En Santa Cruz, un proyecto plantea que las ALD participen en la selección mediante procesos públicos y meritocráticos.

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, comenzó a revisar los perfiles de profesionales que podrían asumir las nueve fiscalías departamentales del país, como parte de la reorganización que pretende ejecutar durante los 90 días de su gestión.

La autoridad pidió a los actuales fiscales departamentales que pongan sus cargos a disposición y anunció que la selección de quienes permanezcan o ingresen a esas funciones estará basada en sus antecedentes profesionales, idoneidad y trayectoria. Urioste señaló que también solicitará información a colegios de abogados y otros sectores para identificar profesionales de cada región.

“Tenemos que formar un equipo. La idea es hacer una transformación de la justicia y eso pasa por cambiar a las cabezas”, sostuvo Urioste al referirse a la primera etapa de su administración.

El fiscal general interino explicó que la revisión ya comenzó y que espera contar con las nuevas autoridades departamentales durante la próxima semana. Aclaró que estas designaciones no constituyen todavía un proceso de institucionalización, debido a que una selección mediante concurso de méritos y exámenes de competencia requiere un plazo mayor.

Entre los criterios anunciados para los nuevos fiscales se encuentran la idoneidad, transparencia, experiencia profesional y ausencia de antecedentes o denuncias que comprometan su trayectoria. Urioste también manifestó su intención de que los profesionales conozcan la realidad del departamento al que sean asignados y evitar, según explicó, que las autoridades sean trasladadas desde otras regiones.

Santa Cruz, bajo revisión

La situación de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz también será definida por la nueva administración. Urioste cuestionó la designación de Mabel Andrade, realizada después de la detención del exfiscal general Róger Mariaca y del exfiscal departamental Alberto Zeballos, y sostuvo que el despacho permanece acéfalo mientras no exista una asunción formal.

La autoridad evitó confirmar quién ocupará ese cargo de manera definitiva y anticipó que las próximas designaciones podrían incluir cambios respecto a los nombres que fueron mencionados en los últimos días.

En La Paz, en tanto, Luis Carlos Tórrez continúa ejerciendo funciones pese a haber presentado su renuncia. Urioste explicó que, cuando esta fue presentada, no existía una autoridad con competencia para aceptarla.

Proponen que las ALD elijan a fiscales departamentales

Mientras Urioste encara la renovación de las jefaturas departamentales, desde Santa Cruz surgió una propuesta para modificar el mecanismo de elección de estas autoridades.

El constitucionalista José Luis Santistevan impulsa un proyecto de modificación de la Ley 260 del Ministerio Público para que las Asambleas Legislativas Departamentales tengan participación en la selección de los fiscales departamentales mediante procedimientos públicos y meritocráticos. La iniciativa, según su planteamiento, no requeriría una modificación de la Constitución Política del Estado.

La propuesta busca descentralizar la selección de las autoridades fiscales en los departamentos, manteniendo la estructura nacional del Ministerio Público. El proyecto será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo el planteamiento de una reforma institucional.

El debate se instala en un momento de cambios dentro de la Fiscalía, luego de la salida de Róger Mariaca y las investigaciones que alcanzaron a exautoridades del Ministerio Público.

“Ordenar la casa” en 90 días

Urioste reconoció que los tres meses de interinato no serán suficientes para completar una transformación estructural de la Fiscalía, pero sostuvo que ese periodo permitirá avanzar en auditorías, revisión de denuncias, seguimiento de procesos y cambios administrativos.

La autoridad aseguró además que las investigaciones en curso continuarán con normalidad y descartó una paralización de causas. También afirmó que no habrá una persecución generalizada contra funcionarios, aunque las denuncias concretas serán investigadas.

El objetivo declarado por Urioste es concluir su interinato dejando una institución reorganizada y con nuevas autoridades departamentales, mientras la Asamblea Legislativa avanza en el proceso para elegir al próximo fiscal general titular.